Colectivo Corazones Que Buscan marchó de la Diana al parque central
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 15 de julio 2026.-En el marco del proceso de construcción de una nueva Ley de Aguas para el estado de Chiapas, la alianza Aguas Comunes hizo un llamado al Congreso local y a las autoridades estatales para que la futura legislación reconozca, respete y fortalezca la gestión comunitaria del agua como un pilar para garantizar el derecho humano al acceso y saneamiento .

La organización, integrada por 12 agrupaciones de la sociedad civil que trabajan en territorios rurales e indígenas de México, advirtió que el actual proceso legislativo representa una oportunidad histórica para que Chiapas avance hacia una política hídrica más justa e incluyente, que se acerque a las realidades comunitarias.

"En cientos de comunidades rurales e indígenas, las familias no sólo enfrentan problemas de acceso al agua, sino también de disponibilidad, calidad, operación, mantenimiento y protección de fuentes. Frente a estos desafíos, las comunidades se han organizado durante generaciones", señaló la alianza en un pronunciamiento.

Desde la experiencia colectiva y territorial, Aguas Comunes planteó que la nueva legislación debe incorporar al menos cinco puntos mínimos:


La Alianza Aguas Comunes enfatizó que el reconocimiento de la gestión comunitaria no significa sustituir la responsabilidad pública, sino construir una relación de corresponsabilidad donde las comunidades organizadas conserven su autonomía, los municipios trabajen coordinadamente y la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS) funcione como eje de una política hídrica integral.

"La gestión comunitaria del agua es una base viva sobre la cual puede construirse una política hídrica más justa y efectiva para Chiapas", subrayó la organización.

Aguas Comunes informó que, gracias al trabajo conjunto de sus 12 organizaciones miembro, han mejorado el acceso a servicios de agua y saneamiento para más de 120,000 personas en 321 comunidades de siete estados del sureste de México. La alianza invitó a organizaciones de la sociedad civil, comités comunitarios y academia a participar activamente en el proceso legislativo para aportar propuestas y evidencia territorial que contribuyan a una Ley de Aguas con enfoque de derechos humanos, justicia hídrica, interculturalidad y equidad .





