CNI Chiapas exige freno al despojo de territorios originarios

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 24 de agosto 2026. – En el séptimo aniversario de los hechos de violencia registrados el 4 de agosto de 2019 en la comunidad de Agua Clara, municipio de Salto de Agua, el Congreso Nacional Indígena (CNI) en Chiapas alzó la voz para denunciar lo que califica como una ofensiva sistemática del Estado en contra de los pueblos originarios.

Lo que comenzó aquel día con agresiones, hostigamiento e intimidaciones contra defensores de derechos humanos y guardianes del territorio, dijo el CNI, no ha cesado. Por el contrario, se ha intensificado con nuevas arremetidas judiciales, policiacas y de infraestructura que amenazan la autonomía y la existencia misma de las comunidades.

Uno de los episodios más graves denunciados ocurrió el pasado 12 de febrero de 2026 en la comunidad de Jotolá, municipio de Chilón, donde elementos de la Guardia Estatal, la Policía Municipal de Chilón, funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y personal del Tribunal Unitario Agrario irrumpieron contra integrantes del CNI.

El saldo, hasta ahora, es de ocho familias desplazadas, dos detenidos —Francisco Moreno y María de Jesús Sánchez—, viviendas demolidas y pertenencias saqueadas. Mientras que Moreno permanece recluido en el penal de Yajalón, Sánchez se encuentra bajo medida cautelar de firma periódica ante las autoridades estatales.

Además, el CNI reveló que existen ocho órdenes de aprehensión vigentes contra miembros de la comunidad, quienes viven en condiciones de vulnerabilidad extrema: sin empleo, sin vivienda y con enfermedades no atendidas.

En el municipio de Ocosingo, la organización documentó un conflicto de larga data que involucra a 39 copropietarios tseltales del Mercado Público Tradicional Dr. Belisario Domínguez, mejor conocido como "Samir Flores Soberanes", ubicado en la Zona 10 Patria Nueva.

Según el CNI, con la complicidad de los tres niveles de gobierno, los comerciantes originarios han sido víctimas de despojo progresivo de sus puestos de trabajo, destrucción de locales, construcción de bardas que bloquean el acceso, amenazas, humillaciones y violencia de género contra las mujeres de la comunidad. El documento también menciona secuestros de niños y niñas, así como la fabricación de delitos a través de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

"El territorio y la autonomía de nuestros hermanos no están en venta ni se negocian", enfatiza el pronunciamiento, que exige el cese inmediato de estas acciones contrainsurgentes.

El CNI señaló que la construcción de obras de infraestructura, presentadas como desarrollo, encubren un plan de despojo territorial. En Agua Clara, la súper carretera San Cristóbal-Palenque —que forma parte de los proyectos asociados al Tren Maya— ha provocado deforestación, sequías, disminución del caudal de los ríos y división de las parcelas comunitarias. Las autoridades ejidales, denuncian, nunca informaron ni consultaron a la población.

De manera similar, en San Francisco, municipio de Teopisca, ingenieros del gobierno estatal notificaron el 24 de marzo de 2026 que una nueva carretera San Cristóbal-Teopisca requerirá 60 metros de ancho de terrenos comunitarios. Los técnicos aseguraron que otras comunidades estaban de acuerdo, versión que el CNI desmintió categóricamente.

"La carretera solo beneficia a empresarios, destruirá tierras y árboles, contaminará el aire y dañará la cultura y la paz de nuestros pueblos", advirtió la organización, que rechaza de manera frontal el proyecto.

El pronunciamiento está dirigido al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al propio CNI, a redes de resistencia, a la Sexta Nacional e Internacional, a firmantes de declaraciones por la vida en cinco continentes, a Europa insumisa, a organismos defensores de derechos humanos, a pueblos originarios del mundo, a medios libres e independientes, a la academia crítica y a organizaciones sociales y colectivos civiles.

El CNI convocó a estas fuerzas a sumarse al rechazo contra lo que denominan una "guerra contra los pueblos originarios", que no da tregua y que, lejos de construir paz, profundiza el despojo y la criminalización de la lucha indígena.

En el documento, el Congreso Nacional Indígena en Chiapas planteó un pliego de exigencias dirigido a las autoridades:

· Cese total al despojo de territorios originarios.
· Fin de los ataques a la autonomía de las comunidades del CNI.
· Liberación inmediata de Francisco Moreno, María de Jesús Sánchez y Jesús Plácido Galindo.
· Cancelación de todas las órdenes de aprehensión vigentes.
· Atención integral al desplazamiento forzado de las familias afectadas.
· Restitución inmediata de los locales a los copropietarios del mercado "Samir Flores Soberanes".
· Cese de amenazas, hostigamiento y desalojos contra las familias de Agua Clara.
· Respeto irrestricto a la organización comunitaria y al derecho a permanecer en sus territorios.

El CNI cerró su pronunciamiento con una frase que condensa su posición: "Acá seguimos y seguiremos", como un recordatorio de que, pese a la represión, la resistencia indígena en Chiapas no se doblega.