‘Apapacha’ Congreso a dueño del Club Pachuca con millonaria licitación

PACHUCA, Hgo., 10 de Agosto del 2016.- La inmobiliaria MARPA propiedad del empresario veracruzano y dueño del Club de Futbol Pachuca, Jesús Martínez Patiño, se adjudicó una millonaria licitación para equipar la Torre Legislativa, un complejo inaugurado “al vapor” en marzo pasado que aloja las oficinas de los diputados locales y que costó más de 120 millones de pesos.

De acuerdo con la licitación pública nacional número CELSH-001-2015, y cuya copia obra en poder de Quadratín Hidalgo, nueve empresas participaron por un contrato de más de 18 millones de pesos para equipar de mobiliario, proyectores y equipos de cómputo la Torre Legislativa, cuya construcción tardó siete años y su precio se duplicó en 2016, ya que inicialmente costaría más de 64 millones de pesos, pero durante su inauguración en marzo pasado las cifras arrojaron una inversión de más de 120 millones de pesos.

A través de las solicitudes de transparencia con folios 00167416 y 0016756 emitidas el pasado 7 de julio por Quadratín Hidalgo, para conocer el nombre de las empresas beneficiadas para el equipamiento y mantenimiento de la Torre Legislativa, se desprende que MARPA, una de las compañías de Jesús Martínez Patiño se llevó el jugoso contrato.

Durante casi tres décadas Jesús Martínez y su principal socio el argentino Andrés Fassi Jurgens, han sido cuestionados por la prensa por sus escándalos de tráfico de influencias, su inexplicable riqueza y sus múltiples negocios al amparo del poder, incluso existen decenas de casos documentados de que gobernadores en turno los beneficiaron con la donación de predios, entrega de inmuebles públicos y exención del pago de impuestos.

En noviembre del 2005, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), encabezada por Guillermo Galland Guerrero interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de Jesús Martínez Patiño por el delito de enriquecimiento ilícito, aunque según nota aparecida en la agencia de noticias Proceso, la dependencia federal “se declaró incompetente por tratarse de un delito del fuero común, y turnó la averiguación previa AP/PGR/HGO/Pach-1-3/287/2005 a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo”.

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