Un tribunal de consigna a las órdenes de Mancera acusan TOCDMX

MÉXICO, D. F., a 7 de octubre de 2015.- Al denunciar en las puertas del Contencioso Administrativo del Distrito Federal que éste órgano presidido por Yasmín Esquivel Mossa se ha convertido en un tribunal de consigna contra los intereses ciudadanos y a favor del poder económico impulsado por el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, los Taxistas Organizados de la Ciudad de México (TOCDMX), advirtieron que no es un dicho sólo suyo, sino un tema público y notorio como lo han documentado los propios medios de comunicación, informó en un comunicado de prensa.

En conferencia de prensa celebrada en la explanada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los dirigentes de los trabajadores del taxi expresaron que han vuelto al órgano colegiado para interponer un nuevo recurso de apelación contra el rechazo del juicio de nulidad, porque como ya lo habían denunciado, el debido proceso fue violentado al desechar la demanda sin haber entrado al fondo del asunto.

El 5 de agosto no fue respetado el turno de la oficialía de partes por la secretaria general del Tribunal, Ofelia Paola Herrera Beltrán; tampoco se respetó el procedimiento de acumulación, al enviarlos a una sola ponencia, sin que los magistrados a los que correspondía conocer hayan recibido las demandas, para de allí iniciar el procedimiento de acumulación.

«Es claro que el Gobierno del Distrito Federal actúa con alevosía en contra del gremio de taxistas y de la ciudadanía misma. Exigimos al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera que deje de lado sus intereses económicos y aspiraciones políticas para realmente trabajar en favor de los capitalinos», expresó Daniel Medina, vocero de TOCDMX.

Añadió que la respuesta expedita del Tribunal de lo Contencioso deja claro que fue una estrategia obvia, «fue por consigna y con toda la intención de frenar y dar carpetazo a nuestras demandas. Estamos ante un Tribunal de consigna y reiteramos que Yasmín Espinosa no debe continuar al frente del órgano judicial», por lo que anunciaron que en breve pedirán a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no permita la ratificación de la magistrada.

Detallaron que las demandas y la decisión de rechazar los instrumentos jurídicos, fue tomada por el secretario de acuerdos Julio César Vázquez Cruz, quien está en funciones de magistrado y con la promesa de convertirse en titular, por lo que Esquivel Mossa lo presiona para que tome decisiones contrarias a la ley.

En este sentido, Ignacio Rodríguez, también vocero de TOCDMX, explicó que el ayer 6 de octubre fue presentado un recurso de apelación al fallo del órgano judicial.

«Es una apelación a la decisión que toma el Tribunal de lo Contencioso del DF. Ayer ingresamos un recurso de revisión que fue rechazado de forma ilegal y corrupta. Es evidente que existe una manipulación al interior del tribunal por parte de la Jefatura de Gobierno».

Agregó que siguen un orden en la estrategia jurídica por lo que de no obtener una respuesta justa por parte del tribunal, recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, posteriormente, acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, «todo ello ante la incapacidad de nuestras autoridades de resguardar los intereses y la seguridad de los capitalinos».

Advirtieron que otros casos parecidos al suyo, de presunta corrupción, fueron los de las demandas presentadas por colonos de la delegación Coyoacán en contra de la instalación de parquímetros en esa demarcación; las denuncias ciudadanas en contra de la construcción de la Supervía Poniente, lo mismo que las que se emitieron en contra del Corredor Cultural Chapultepec, todas ellas tomadas por un magistrado de consigna y desechadas, aun cuando tales proyectos atentaron y atentan contra los intereses de la mayoría de los habitantes de dichas zonas del DF.

Finalmente afirmaron, de acuerdo con los propios medios de comunicación, Esquivel Mossa es pieza clave de una red de corrupción manejada desde el propio palacio del Ayuntamiento donde despacha Miguel Ángel Mancera, conexión que incluye al esposo de la magistrada, el empresario y constructor español José María Riobóo, quien ha sido beneficiado con obras sin licitación por parte del GDF en los tiempos de Marcelo Ebrard y el actual Jefe de Gobierno.