SE HA AFINADO NUEVAS TACTICAS DE GUERRA INTEGRAL/Gabriela Coutiño

El sexenio pasado, fue de terror en Chiapas, donde el gobierno federal y estatal utilizaron mecanismos de control para reprimir a la población en general y continuar en el contexto del conflicto armado, con la amplia presencia militar, sobre todo en las comunidades indígenas de la zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), aseguró en su informe anual el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

“La estrategia, fue desde la confrontación directa, hasta la implementación de proyectos sociales en conjunto con algunas agencias de las Naciones Unidas, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, señala el Frayba en el documento “Entre la política sistemática y las alternativas de vida, sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas durante los gobiernos federal y estatal 2006-20012”, presentado esta noche.

El informe del Frayba, bajo la dirección del Obispo de Saltillo, Raúl Vera López, refiere que “una de las características del sexenio, fue que en nombre de la seguridad, se utilizaron mecanismos de terror y de control a través de la militarización del país; la tortura como método de investigación y para responsabilizar a inocentes en actos criminales; las desapariciones y asesinatos”.

Mientras, en Chiapas, “la estrategia se ha afinado, se ha adecuado a las nuevas situaciones, se ha deslizado hacia nuevas tácticas de la guerra integral de desgaste utilizando los argumentos con un lenguaje en pro de los derechos humanos, con énfasis en los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de un discurso de respeto a las comunidades autónoma y a las Juntas de Buen Gobierno”.

Haciendo con ello más amplia la brecha entre los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y el ejercicio y la práctica de éstos.

En el extenso informe de 100 páginas sobre la situación de los Derechos Humanos en la entidad, el Centro destaca que se cometieron “violaciones” como resultado de “las acciones represivas en contra de las comunidades y pueblos que resisten y reivindican derechos específicos, en particular las agresiones al territorio de las bases de apoyo del EZLN como continuidad de la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno mexicano”.

Informó que “en la disputa por el territorio, la legalidad del despojo territorial de los pueblos indígenas ha seguido su marcha, a través de proyectos neoliberales que contemplan elementos de seguridad nacional y protección a la inversión de empresas ligadas a los gobiernos que tienen intereses en estos territorios de gran riqueza natural”.

Con todo, en los tiempos adversos, las comunidades, los pueblos, las y los sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos, encuentran nuevas fuerzas, nuevas energías de esperanza para continuar con la exigencia de justicia, indicó el organismo.

En respuesta a la impunidad, las personas se organizan desde la memoria y en construcción de alternativas que reinventan buenas y nuevas formas de vida en la defensa y ejercicio efectivo de sus derechos como pueblos.

Asimismo, las comunidades y pueblos en resistencia continúan en la defensa de sus territorios, su marco de derechos con los Acuerdos de San Andrés y demás leyes y costumbres emanadas desde la autonomía, los cuales se han ampliado en la construcción de su Gobierno alternativo y ejemplar, “un buen gobierno: justicia, salud, y educación acorde con sus necesidades, una producción con respeto a la vida, la naturaleza y una democracia directa y radical”.

No obstante en el tema de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos “se siguen realizando en un contexto de guerra: la criminalización de la protesta social y la persecución en contra de los líderes sociales y de los defensores de las garantías individuales”, lo que “habla de un Estado represor con métodos de control social al pueblo organizado”.

“Las cárceles de Chiapas, dan testimonio de la violación a los derechos humanos en el sistema penitenciario. La mayoría de las y los internos son personas pobres, pertenecientes a algún pueblo indígena, migrantes, que desconocen las implicaciones del proceso judicial, quienes se encuentran en una situación vulnerable en cuanto al acceso a la justicia”.