PEDIRA PRD PROTECCION PARA JORNALEROS AGRICOLAS MIGRANTES EN MEXICO

Los jornaleros agrícolas migrantes representan al grupo de población más desfavorecido de nuestro país, por lo que senadores del PRD propusieron que el Ejecutivo federal coordine la creación y fortalecimiento de programas de atención integral a este sector a fin de otorgarles una mejor calidad de vida a ellos y sus familias.

En el punto de acuerdo turnado a la Segunda Comisión de la Permanente, los senadores, José Luis García Zalvidea y Julio César Aguirre Méndez pidieron que el Congreso de la Unión exhorte a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, del Instituto Nacional de Migración y de las dependencias de Seguridad Pública Estatales, a realizar una profunda investigación de procedimientos y acciones de abuso de autoridad y de funciones, así como extorsiones cometidas en contra de migrantes jornaleros agrícolas.

Solicitaron además que la Secretaría de Desarrollo Social redoble esfuerzos en la atención a los jornaleros migrantes de origen indígena a través de los programas ya existentes.

Asimismo, pidieron que la Comisión Permanente realice un exhorto a los Congresos de los Estados de la Federación para que legislen en materia laboral con especial atención en los trabajadores y jornaleros agrícolas, a fin de establecer mecanismos de contratación formal para este grupo social y que sus necesidades de seguridad laboral y social sean cubiertas.

“Es preciso tomar conciencia sobre la invisibilidad de la cual son víctimas los jornaleros y jornaleras agrícolas migrantes junto con sus familias, especialmente aquellas personas de origen indígena, que se ven en la necesidad de desplazarse de un lugar a otro, a lo largo y ancho de la República Mexicana con la finalidad de encontrar la oferta laboral que no es posible hallar en sus lugares de origen”, lamentaron los legisladores perredistas.

Por tal motivo, en el punto de acuerdo demandaron que la Secretaría del Trabajo redoble las visitas de inspección a los lugares donde laboran jornaleros agrícolas en la República Mexicana; así como que se entregue un informe pormenorizado de las sanciones realizadas a las empresas y centros de trabajo.

En este documento, los legisladores del PRD también propusieron emplazar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que remita un informe del estado que guardan los derechos humanos de los jornaleros agrícolas, la situación de vulnerabilidad y el estado de las recomendaciones que se han emitido en la materia.

En esta larga trayectoria migratoria de trabajadores temporales empleados en la agricultura del país se han cometido sistemáticamente violaciones a los derechos de las personas, hombres, mujeres, infantes, adolescentes y adultos mayores, quienes migran por la escases de trabajo en su región de origen, la falta de servicios, la violencia estructural y abusos por parte de las autoridades son, entre muchas otras, las causas que empujan a las familias a trasladarse a otros lugares.

En el documento se señala que en México, existen alrededor de 405 712 familias en constante movilidad, desplazándose en busca de oportunidades laborales. De acuerdo con cifras presentadas en el informe “Migrantes Somos y en el Camino Andamos”, se estima que 3.5 millones de personas son migrantes internos, de los cuales, la mayoría es de origen indígena.

Por lo que al estar siempre de paso en los campos agrícolas del país, los jornaleros agrícolas no reciben atención, quedando excluidos de los programas de salud, vivienda, seguridad social y laboral, entre otros.

“Lo que es peor, ninguno de los tres niveles de gobierno se siente obligado a brindar cuidado a este grupo de población, pasando inadvertidos un conjunto de problemas que hoy resulta preciso y necesario atender”, abundaron.

Explicaron que los jornaleros agrícolas en su mayoría salen de las montañas del sur de México, de los estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz para alquilar su fuerza de trabajo en los campos agrícolas del norte del país ubicados principalmente en los estados de Sinaloa, Nayarit, Sonora, Baja California, entre otros.

Este sector además no cuenta con contratos, ni regulaciones que lo respalden laboralmente, no tiene acceso a servicios médicos, viviendas dignas, sistema de pensiones y de seguridad social. Incluso, los trayectos y las condiciones en las que se desplaza son en extremo peligrosas, un ejemplo de ello son las pésimas condiciones en las que se encuentran los autobuses que los trasladan, lamentaron.