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Un juez federal absolvió del delito de peculado de 104 millones de pesos y asociación delictuosa al ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, y a 54 de sus ex colaboradores seis de ellos estuvieron presos, pero alcanzaron su libertad la semana pasada, luego que el Juez Tercero del ramo penal sobreseyera el caso.
De acuerdo a la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal, la resolución del recurso interpuesto bajo el número 748/2011 fue emitida el pasado 18 de octubre, cuando el Poder Judicial de la Federación notificó la sentencia al Juez Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves residente en el municipio de Cintalapa, donde se encuentra el penal El Amate, pero éste no reactivó el proceso penal.
Fue así como alcanzaron su libertad los exfuncionarios, Alfredo Palacios Espinoza, exSecretario de Educación; Leonardo Muñoz Arellano, exsubsecretario de Protección Civil; el ex director del Instituto del Deporte, William Alfonso Maldonado Mauregui, además de Gabriel Flores Cancino y Daniel Tadeo Romero quienes se desempeñaron como jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría del Trabajo y director de Contabilidad y Evaluación de la Secretaria de Hacienda, respectivamente.
Además de Manuel Miranda Miranda Rodas, ex director de los Servicios Educativos para Chiapas y ex subsecretario de Educación federalizada.
Pablo Salazar y su primer círculo de excolaboradores fueron acusados el año pasado por la Procuraduría de Justicia de contratar con dinero público un bono sexenal con una aseguradora mediante una póliza denominada Vidadot que abarcaba cobertura básica por fallecimiento, supervivencia y gastos funerarios que fue cobrado después de dejar sus cargos.
El pasado 7 de junio cuando fue detenido en Cancún Quintana Roo, ese fue el primer proceso penal del que se le acusó al exgobernador, además de los delitos ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa.
Posteriormente ya en prisión fue acusado de varios delitos más, como su presunta responsabilidad en la muerte de 33 bebés de Comitán ocurridos en 2002, y de haber desviado recursos para la reconstrucción destinados a los damnificados del huracán Stan en 2005.
Desde el 28 de septiembre Salazar Mendiguchía se encuentra en reclusión domiciliaria en una casa propiedad de sus familiares ubicada en el municipio de San Fernando a escasos cinco kilómetros de la capital, luego de un juez le autorizara salir de la cárcel para atender problemas de salud.