Dejan 2 decapitados y 3 cabezas en camioneta en Acapulco
Tapachula, Chiapas.- Luego de analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público investigador, en las últimas horas el Juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula dictó auto de formal prisión en contra de tres ex elementos de la Policía Municipal de Tapachula por el delito de Homicidio en agravio de Miguel Francisco Pérez Ramos de nacionalidad guatemalteca.
En el marco del expediente penal 890/2014, la autoridad judicial resolvió la probable responsabilidad de Silvestre Mecinas Rivera, Noé Rivera Cancino y Juan Carlos Cano de la Cruz.
De acuerdo a las investigaciones que encabeza la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes, los tres elementos de la Policía Municipal participaron en la detención de Pérez Ramos el pasado 17 de mayo.
El sujeto habría sido detenido por el delito de Violencia intrafamiliar, tras ser denunciado por su pareja de haberla golpeado en repetidas ocasiones.
Sin embargo, la declaración de un testigo, misma que obra en autos, señaló que al ser trasladado en una patrulla fue golpeado en diferentes partes de su cuerpo, por lo que minutos después fue llevado al Hospital Regional de Tapachula donde perdió la vida.
En este sentido, sobresale que la Necropsia de Ley concluyó que la muerte fue causada por ruptura de mesenterio derivado de un trauma abdominal.
Ante ello, la Fiscalía Especializada integró la averiguación previa 038/FEDCCI-MTAR03/2014, por el delito de Homicidio calificado, solicitando y obteniendo del Juez de la causa la correspondiente orden de aprehensión.
Cabe destacar que, este último ya se encuentra detenido y procesado por el delito de Extorsión, por hechos registrados en julio de este año cuando junto a dos sujetos más exigió a un grupo de 11 migrantes la cantidad de 30 mil pesos para dejarlos continuar su camino hacia el norte del país.
Actualmente, los imputados se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 3, desde donde enfrentan el proceso penal en su contra.
Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado refrenda su firme compromiso con la ciudadanía para garantizar el acceso a una justicia integral sin distinción de nacionalidad, religión o ideología.