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TONALA, Chis., a 18 de abril de 2011.- Ante las múltiples denuncias de organismos defensores de Derechos Humanos de Migrantes y de la sociedad civil sobre bares que prostituyen a menores originarias principalmente de Centroamérica, fueron detenidas en las últimas horas tres personas por el delito de trata de personas y corrupción de menores en Tonalá.
Tras un operativo efectuado por autoridades municipales y del estado luego de denuncias hechas por menores que fueron traídas de países como Guatemala, Honduras y el Salvador y de lugares como Tapachula y Huixtla, la propietaria del Bar La Academia y el Taxista, María Francisca Gómez Castillo 46 años, su hijo Erik Alberto Medina Gómez de 29 años y la Guatemalteca Natalia de Jesús suriano de 18 años fueron detenidos.
Otras tres personas de nombres Joanna verdugo de 20 años, Amanda Pérez Ruiz de 43 y Luis Enrique Hernández de la Cruz también fueron presentados y posteriormente dejados en libertad tras no comprobarse su responsabilidad.
De acuerdo a la información vertida por elementos de la policía desde hace varios meses existían denuncias de vecinos y de las mismas menores que trabajaban en el lugar; una de ellas quien pidió se omitiera su nombre señalo que la Guatemalteca la trajo con engaños al municipio de Tonalá en donde según trabajaría en un restaurant sin embargo la obligaban a prostituirse y a pagar cien pesos de cuota diaria por permanecer en el lugar.
Yo no quería trabajar en esto, vi como una posibilidad llegar a Tonalá y después de ahí intentar viajar al norte del país y a Estados Unidos pero no fue así, me obligaron a quedarme y a pagar una cuota de cien pesos diarios que yo tenía que obtener fichando o prostituyéndome con los clientes que llegaban refirió la menor de 16 años.
Señalo que muchas de su edad y menores han pasado por este bar que aun con la detención de la propietaria sigue funcionando de manera ilegal pues los vecinos han solicitado su clausura.
Cabe mencionar que decenas de estos bares en los que trabajan mujeres de origen centroamericano muchas de ellas menores de edad operan en Tonalá sin que hasta el momento las autoridades correspondiente realicen una investigación a fondo sobre la situación.