Son 6 muertos en vehículo dejado cerca de facultad de la UAS en Culiacán
GUANAJUATO, Gto., 19 de diciembre de 2014.- Los diputados locales aprobaron la creación de la Ley para la Protección y Atención del Migrante y sus Familias del Estado de Guanajuato. Dicha legislación se respaldará en políticas públicas estatales y municipales para establecer, reconocer, proteger y garantizar los derechos de este sector social.
Los fines de la nueva ley son: Establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva del reconocimiento de los derechos de los migrantes, orienten el diseño e instrumentación de políticas públicas estatales y municipales en materia de migrantes; Determinar las atribuciones que las autoridades estatales y municipales tienen en materia de atención a migrantes y a sus familias; Establecer la coordinación interinstitucional entre las autoridades estatales y municipales a fin de implementar las políticas públicas en materia de migrantes; y Fomentar la participación de la sociedad civil en la aplicación de las políticas públicas en materia de migrantes.
De esta manera se implementarán convenios con la federación, entidades federativas, organismos públicos y privados, promover acciones que conlleven al mejoramiento de vida de los migrantes guanajuatenses. Además se deberán contemplar cuando menos los objetivos de fortalecer las condiciones de salubridad de sus familias y sus comunidades; impulsar la certificación de estudios y habilidades de formación laboral; apoyar a la formación educativa de sus familias; e impulsar la creación de proyectos de desarrollo social y mejoramiento de infraestructura en sus comunidades de origen.
Se establece que los derechos humanos de los deportados sean respetados y protegidos en todo momento, dando aviso a la autoridad de cualquier violación que se presente durante su deportación.
Lo mismo sucederá con la repatriación de cadáveres, dando apoyo para sus familiares sin demora.
El Instituto del Migrante tendrá, además, la facultad de solicitar la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que ésta solicite clemencia, en los casos en los que guanajuatenses hayan sido condenados a la privación de su vida, situación que se contempla en el artículo 27 de la Ley