190 organizaciones condenan maternidad forzada y violencia sexual infantil en Chiapas

Por Argenis Esquipulas

TUXTLA GUTIERREZ, Chis., 9 de enero de 2026 .-190 organizaciones y colectivas nacionales e internacionales, así como más de 100 personas a título personal, exigieron al Estado mexicano una respuesta inmediata ante un caso de violencia sexual infantil y embarazo forzado ocurrido en Chiapas.

La sociedad civil condenaron enérgicamente la violación a los derechos sexuales y reproductivos de una niña en Chiapas, quien fue obligada a continuar un embarazo producto de violencia sexual, hecho que calificaron como una falla grave del Estado y una forma de violencia extrema.

A través de un pronunciamiento público, la Red por la Justicia Reproductiva en Chiapas, la Red Estatal Aborta Libre Chiapas y decenas de colectivas denunciaron la persistencia de la violencia sexual contra niñas y adolescentes, los embarazos infantiles, las uniones forzadas y las omisiones institucionales que continúan ocurriendo en la entidad.

El pronunciamiento surge tras hacerse público el caso de una menor que ingresó en estado grave al Hospital de Las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas, con trabajo de parto activo, lo que derivó en una cesárea de emergencia por complicaciones médicas severas. Previamente, la niña había sido atendida en el Hospital de la Mujer del mismo municipio. Actualmente, tanto la menor como el recién nacido permanecen hospitalizados.

Las organizaciones señalaron que, desde su ingreso a los servicios de salud, el caso debió ser atendido como un posible delito de violencia sexual infantil, conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, la cual establece la obligación de activar protocolos de atención integral, dar aviso inmediato a las autoridades ministeriales y garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, sin exigir denuncia previa.

Aunque inicialmente se informó que la niña tenía 10años —edad acreditada con documentos oficiales— posteriormente se dio a conocer que tenía 13 años debido a un registro extemporáneo. No obstante, las organizaciones enfatizaron que, independientemente de la edad exacta, toda relación sexual con personas menores de 14 años constituye un delito grave según el Código Penal de Chiapas, y en ningún caso existe consentimiento legal.

“Obligar a una niña a gestar es violencia. El cuerpo de una niña no está preparado para sostener un embarazo ni un proceso obstétrico; esto pone en riesgo su salud y su vida”, señalaron. Reiteraron que todo embarazo en niñas debe ser reconocido como un indicador de violencia sexual y atendido como un embarazo de alto riesgo, lo que implica obligaciones reforzadas del Estado.

Las colectivas alertaron que este caso no es un hecho aislado. De acuerdo con datos del INEGI (2024), Chiapas ocupa el primer lugar nacional en embarazo infantil y adolescente, con una tasa de 19.4 nacimientos por cada mil niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años, casi el doble de la media nacional. Estas cifras, afirmaron, reflejan violencia sexual estructural, desigualdad profunda y una respuesta institucional insuficiente.

En el pronunciamiento, las organizaciones exigieron, entre otros puntos:

• Investigaciones diligentes para identificar y sancionar a los responsables de la violencia sexual.
• El esclarecimiento público de la actuación de la Secretaría de Salud, IMSS Bienestar, la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
• Medidas de protección integral para la menor y el recién nacido, incluyendo atención médica y psicológica especializada, acompañamiento jurídico y reparación del daño.
• La aplicación efectiva de la NOM-046 y la garantía del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violencia sexual.
• Políticas públicas de prevención que incluyan educación sexual integral, erradicación de uniones forzadas y capacitación obligatoria al personal de salud y justicia.

“El embarazo infantil es una forma de violencia extrema. El embarazo infantil es tortura”, subrayaron las firmantes, quienes reiteraron la consigna: “Niñas, no madres”.

El pronunciamiento cuenta con el respaldo de más de 190 organizaciones, entre ellas la Red Estatal Aborta Libre Chiapas, Red por la Justicia Reproductiva en Chiapas, Las Libres A.C., Fundación MSI México, Ddeser Chiapas y Ddeser México, así como colectivas feministas, redes de acompañamiento, organizaciones de derechos humanos y grupos de México, Centroamérica y Sudamérica.

Las organizaciones concluyeron que la protección de la infancia es una obligación ineludible del Estado y que garantizar una vida libre de violencia para niñas y adolescentes requiere acciones inmediatas, coordinadas y con enfoque de derechos humanos.