Violencia digital, reto en prevención y sanción de delitos: Olimpia Coral

MORELIA, Mich., 24 de junio de 2025.-  La evolución de las tecnologías de la información y la educación ha implicado grandes beneficios para la sociedad, pero también retos en la prevención y sanción de delitos, como es el caso de las  violencias digitales, señaló Olimpia Coral Melo, activista e impulsora de la Ley Olimpia.

PUBLICIDAD Nacida como una iniciativa para penalizar la difusión no consentida de vídeos y fotografías íntimos, la Ley Olimpia también abarca la generación, difusión y comercialización de imágenes de tipo sexual, producidas con inteligencia artificial.

En entrevista, Olimpia Coral destacó que una inteligencia artificial «no necesita el cuerpo de una persona para generar imágenes de tipo sexual, basta con un rostro, que se puede obtener de un perfil de redes sociales».

En Michoacán se han registrado cinco casos de imágenes de tipo sexual generadas por inteligencia artificial, y estos casos no han podido ser denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) o bajo la Ley Olimpia. Coral Melo recordó que la norma reconoce la comisión de delitos de violencia digital, mediante imágenes reales o alteradas, por lo que no se trata de una deficiencia de la legislación. Así, la activista llamó a los diputados federales y locales a «no implementar ocurrencias, como los tipos llamados ciberdifamación, cuando la difamación se ha derogado, o el ciberasedio, cuando se puede ver vulnerada la libertad de expresión, además que estas ocurrencias dañarían los procesos jurídicos que ya están en marcha».

Plataformas en línea no colaboran en sanción de violencias digitales

Michoacán es uno de los 10 estados mexicanos con mayor incidencia de violencias en el entorno digital, que afectan al 73.9 por ciento de las estudiantes universitarias. Aunque las violencias en el entorno digital afectan a hombres y mujeres, el 89.9 por ciento de los materiales de naturaleza sexual generados, difundidos o comercializados sin consentimiento corresponden a mujeres.

Sin embargo, el 68 por ciento de los casos no son denunciados, ni siquiera investigados, debido a que la autoridad asevera que no existen pruebas. Y es que las pruebas que requieren dependen para su obtención, sobre todo, de plataformas que no tienen oficinas en México y no colaboran en los procesos penales. Estas empresas se hacen guaje, ni siquiera deberían permitir que estos materiales se alojen, pero inclusive son monetizados», expuso Olimpia Coral.