Es la seguridad privada un sector en crisis en Puebla

PUEBLA, Pue., 7 de octubre del 2025.- La seguridad privada en Puebla es hoy un sector en crisis. La entidad enfrenta un problema silencioso en este sector. Decenas de empresas operan sin registro, sin certificaciones y con equipos mal capacitados, lo que pone en riesgo la seguridad en centros comerciales, fraccionamientos y espacios públicos.  

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), casi 400 empresas han sido detectadas operando sin registro, con permisos vencidos o sin cumplir con los requisitos básicos de ley. La falta de regulación, la precariedad laboral y las fallas en la vigilancia han puesto en entredicho la eficacia de estos servicios, contratados por comercios, fraccionamientos y empresas para proteger a miles de personas todos los días.

La competencia desleal y la falta de regulación efectiva afectan al sector Para Jacinto Vargas Arcos, asesor en seguridad, el panorama de las empresas de seguridad privada en Puebla enfrenta una doble problemática: la operación de firmas irregulares que generan competencia desleal y una regulación costosa y deficiente que complica a las compañías que sí cumplen con la ley. “Hay muchas empresas irregulares que nos provocan una competencia desleal, y la regulación en muchos casos es muy estricta, aparte de cara y deficiente. Entonces se nos va complicando cada vez más la operación de las que estamos regulares”, señaló en entrevista con Quadratín Puebla. A ello se suma, explicó, el incremento sostenido de los índices delictivos en la entidad, un factor que mantiene bajo presión a este sector. “También una de las dificultades es el incremento del tema delincuencial en todos sentidos. Esto no va para abajo, sino para arriba”, advirtió.

Vargas Arcos apuntó que uno de los principales obstáculos operativos son los altos costos de los exámenes de control de confianza, diseñados originalmente para policías y no para el perfil promedio del personal de seguridad privada. “Tenemos que pagar cuatro mil pesos por un examen de control de confianza diseñado para un policía, cuando desafortunadamente nuestro personal, en algunos casos, con suerte acabó la secundaria. Les aplicas ese examen a personas cuya última opción laboral, probablemente, es ‘me voy de guardia’”, dijo.

El asesor subrayó que mientras las empresas establecidas cumplen con permisos, seguridad social y exámenes de control, muchas firmas irregulares operan sin ninguna supervisión, lo que les permite ofrecer precios más bajos. “Estas empresas que no pagan permisos ni seguro social tienen la oportunidad de cobrar muy poquito dinero. Y, por ejemplo, los fraccionamientos, industrias o empresas que contratan este tipo de servicios no tienen expectativas muy altas: contratan gente a la que ni un antidoping le practican”, abundó. Pese a las dificultades, Vargas Arcos recordó que las empresas de seguridad privada desempeñan un papel clave como coadyuvantes de las fuerzas del orden, y en muchos casos, actúan como primeros respondientes ante una emergencia.

“Somos coadyuvantes. En algunos casos, somos primeros respondientes y estamos obligados a participar con las principales fuerzas. Aunque lamentablemente, al primero que llegan a ver es al guardia, como si fuera el que pasó el pitazo a los delincuentes”, explicó en la entrevista. Concluyó que el fortalecimiento del sector depende de una regulación justa y aplicable, que permita profesionalizar al personal sin asfixiar a las empresas que trabajan dentro del marco legal. Un sector fuera de control Durante los últimos operativos estatales, las autoridades han clausurado y suspendido empresas que trabajaban sin el registro correspondiente. La ley establece que cada compañía debe inscribirse en el padrón estatal, contar con supervisiones periódicas y certificar a su personal.

Sin embargo, los hallazgos de la SSP revelan un mercado paralelo de seguridad privada, donde empresas irregulares ofrecen servicios más baratos pero sin garantías. Guardias sin capacitación ni certificación Uno de los principales problemas es la falta de formación de los elementos. Los cursos de capacitación son costosos y muchas empresas los omiten o los sustituyen por entrenamientos rápidos de pocas horas. Esto significa que en caso de una emergencia —un robo a mano armada o una riña en un centro comercial— los vigilantes no cuentan con protocolos claros para actuar. Empresarios del sector han señalado que urge crear un estándar de capacitación homologado, que incluya manejo de crisis, derechos humanos, primeros auxilios y procedimientos de detención.

Fallas en centros comerciales y zonas de alta afluencia Las deficiencias no son teóricas, se han registrado casos en los que la vigilancia privada no pudo contener robos violentos o riñas. En plazas comerciales y en la Central de Abasto de Puebla, las autoridades han detectado turnos con personal insuficiente, sin radios, sin cámaras operativas y sin coordinación con la policía municipal. Los incidentes han obligado a la SSP Estatal a implementar operativos de verificación en estos lugares y a exigir a las administraciones que solo contraten compañías con registro vigente.

Precariedad salarial y explotación laboral Los trabajadores de este sector enfrentan condiciones difíciles: sueldos bajos, jornadas de hasta 24 horas, falta de prestaciones y equipo inadecuado. En entrevistas, guardias aseguran ganar entre 6 y 7 mil pesos mensuales, sin seguro social ni pago de horas extra. Armas sin registro y riesgos legales La SSP Estatal ha detectado que varias empresas utilizan armas sin contar con el permiso federal de portación, lo que constituye un delito federal.

Actualmente solo una fracción de las compañías registradas está autorizada para que sus guardias porten armamento, pero las inspecciones han revelado casos de armas sin registro y de personal armado sin la formación necesaria. Este escenario no solo pone en riesgo a los vigilantes y a los clientes, sino que expone a los comercios a responsabilidades legales. Consecuencias para la ciudadanía Las fallas de la seguridad privada tienen un impacto directo: Comercios y fraccionamientos quedan vulnerables a robos y asaltos. Los usuarios se exponen a vigilancia ineficaz en espacios públicos.

Los guardias corren riesgos sin respaldo legal ni protección laboral El llamado a la regularización La SSP ha anunciado reiteradamente que continuará con las inspecciones y exhortó a los comercios y fraccionamientos a contratar solo empresas certificadas, así como a exigir constancias de capacitación y permisos de portación de armas. Mientras tanto, el sector sigue dividido: algunos empresarios piden reglas más claras y apoyo para regularizarse; otros se mantienen en la informalidad y ofrecen servicios a precios bajos, pero sin garantías.