Violencia partidista en Chiapas, pone en riesgo la vida de la infancia

 Particularmente en los municipios de Oxchux, Tila y Chenalhó, “de enero a la fecha han sido asesinados tres adolescentes, dos de ellos en conflictos partidistas y post-electorales y el tercero se perfila como una ejecución extrajudicial.

 La incapacidad institucional para atender oportunamente conflictos políticos han derivado en el homicidio con arma de fuego de dos adolescentes en Chenalhó, Rodolfo Pérez y Mauro Hernández ambos de 15 años y dos mujeres adolescentes gravemente lesionadas, Rosa Pérez y Beatriz Ruiz de 16 y 17 años respectivamente, además del asesinato de Humberto Morales Sántiz (13 años), cometido en febrero de 2017 en la comunidad de El Carrizal, en el municipio de Ocosingo.

 Niñas, niños y adolescentes en la entidad se encuentran expuestos a un creciente clima de violencia e inseguridad que pone en riesgo su vida e integridad y obstaculiza el ejercicio de sus derechos humanos.

 Como efecto de la violencia política, sólo en este año, cientos de familias han sido desplazadas forzosamente, habitando en condiciones que atentan contra su superviviencia y desarrollo, sin acceso a alimentación suficiente, resguardo apropiado, servicios de salud ni escuelas. El escenario actual de crisis humanitaria que enfrentan las niñas, niños y adolescentes que habitan las localidades en conflicto, pudo haber sido evitado. 

 Las acciones emprendidas al respecto por el Estado no toman en cuenta las causas estructurales y las consecuencias específicas de estos contextos, no responden al mandato de protección integral de la niñez ni toman en consideración su interés superior, como tampoco logran aportar soluciones eficaces y duraderas al problema.

 De igual forma, observamos con profunda preocupación que a más de 5 meses de haberse dado la declaratoria federal de Alerta de Violencia de Género, se acentúan las expresiones de violencia contra las niñas y adolescentes y se acrecientan los feminicidios en distintos municipios de Chiapas, impactando negativamente a familias, comunidades y sociedad en general

 Como hemos venido denunciando, la dilación y omisión de las autoridades, fiscales, peritos y jueces en la correcta impartición de justicia, así como la impunidad y complicidad de victimarios con las autoridades de distintos niveles impide otorgar medidas de protección urgentes a víctimas y familiares, conocer la verdad sin prejuicios de género y en apego a derecho, reparar el daño y adoptar medidas de no repetición.

 Del mismo modo, insistimos en que acciones como el operativo “mochila segura” no representan una solución para atender y prevenir los casos de violencia en el espacio escolar que se encuentran enraizados en problemas complejos como la violencia, la ruptura del tejido social, la impunidad y la inseguridad. Coloca la responsabilidad en las víctimas, las familias y las escuelas sin resolver reconocer la responsabilidad de las autoridades estado de Chiapas en la definición de una política de protección integral.

 La situación que enfrenta la infancia en Chiapas, lejos de ser motivo de acciones asistencialistas y mediáticas, como la entrega masiva de juguetes y de pares de zapatos por parte de los gobiernos estatal y municipal, debe ser un llamado de atención para que el gobierno estatal realice una fuerte inversión (no militar, ni policiaca) en aplicar medidas urgentes de prevención y atención a niñas, niños y adolescentes a través del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Para hacer frente a la violencia, la inseguridad y el delito se requiere de políticas públicas integrales que tomen en consideración las diversas causas estructurales, incluyan la atención de los factores de riesgo y refuercen los factores protectores que existen, desde un enfoque que considere la centralidad de los derechos humanos.

 Para ello resulta fundamental la articulación de información, recursos, programas y acciones específicas, en la que diversos actores tanto gubernamentales como de la sociedad civil organizada, colaboren y coordinen su accionar, a través de la correcta operación del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y los Sistemas Municipales.

Asimismo invitamos a tomar en cuenta la palabra de niñas, niños y adolescentes respecto a la violencia que han experimentado en sus hogares, comunidades, escuelas y lugares de trabajo, y les hagamos partícipes de las alternativas que se pongan en marcha para la disminución y prevención de la violencia.

En este 30 de abril, día del niño y la niña, las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra preocupación ante la violencia e inseguridad que se vive actualmente en el estado y afecta gravemente la integridad y desarrollo de niñas, niños y adolescentes en la entidad.

Por ello, hacen un llamado:

Al Gobierno del Estado en todos sus niveles a instrumentar todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes en zonas de conflicto, particularmente en los municipios de Ocxhuc, Tila y Chenalhó.

De igual forma, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a que implemente medidas urgentes para proteger a niñas, niños y adolescentes cuyas familias y comunidades se encuentran desplazadas forzosamente o en conflicto por motivos agrarios, políticos, económicos, religiosos o de cualquier otra índole.

Al Gobierno del Estado de Chiapas a implementar las acciones derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de género de forma inmediata y suficiente para detener el feminicidio y todas las formas de violencia en contra de niñas y adolescentes.

A las autoridades de las Secretarías de Educación Pública y de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas para cancelar los operativos de «Mochila Segura» en toda la entida

Al SIPINNA estatal, así como a la Procuradurías de Protección de niñas, niños y adolescentes, a nivel estatal y municipal, para que tomen en cuenta la participación de niñas, niños y adolescentes en las medidas a implementar para garantizar su seguridad en los planteles educativos. Las Procuradurías tienen la obligación de atender estas problemáticas y brindar apoyo a las familias a través de las instituciones vinculadas a infancia.

Al Congreso del Estado de Chiapas para que destine recursos económicos para la atención, prevención y protección de la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes desde el SIPINNA estatal  que hasta la fecha no cuenta con un presupuesto para operar”.