Prohíbe SEP novatadas en normales; en Chiapas van 15 denuncias
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis; 19 agosto 2026.-El sistema de transporte público en Tuxtla Gutiérrez atraviesa en 2026 una de sus peores crisis, arrastrando fallas estructurales que ni los diagnósticos oficiales ni los operativos de supervisión han logrado resolver. La combinación de unidades envejecidas, mantenimiento precario, rutas ineficientes y la creciente irrupción de vehículos irregulares mantiene a miles de usuarios en una incertidumbre diaria que afecta su productividad y calidad de vida.
De acuerdo con el diagnóstico municipal publicado en 2024, con datos de la Secretaría de Movilidad y Transporte, en la capital chiapaneca operan 6 mil 876 unidades concesionadas, de las cuales 2 mil 101 son combis urbanas o suburbanas y 5 mil 523 taxis. Aunque en el papel existen 127 rutas autorizadas, la realidad es que apenas 110 prestan servicio, lo que obliga a los pasajeros a hacer combinaciones forzadas para llegar a sus destinos. La misma fuente revela que el 48% de los ciudadanos necesita abordar hasta tres colectivos distintos en un solo viaje, mientras que un sector importante invierte entre dos y tres horas diarias en sus traslados, tiempo que se traduce en cansancio y pérdida de oportunidades laborales y educativas.
Uno de los factores que más preocupa a los especialistas es la antigüedad de las unidades. La normativa estatal fija límites claros para la vida útil de los vehículos, pero en 2024 ya se advertía que una parte importante de los colectivos superaba los diez años de servicio. Para 2025, los señalamientos por unidades deterioradas, asientos rotos, fugas de aceite y sistemas de frenado deficientes se volvieron recurrentes en quejas ciudadanas y reportes de prensa. En 2026, el panorama no ha mejorado: los concesionarios denuncian que la falta de apoyos gubernamentales para la renovación los obliga a mantener en circulación automotores que deberían estar fuera de servicio, mientras que los usuarios exigen medidas drásticas.
A este cóctel explosivo se suma el transporte “pirata”. Durante junio de 2026, en operativos de supervisión, la autoridad retuvo cinco taxis y tres colectivos que circulaban con placas particulares y sin ningún registro oficial. Los cesionarios, que pagan altos costos por sus permisos, han alzado la voz para denunciar que estas unidades irregulares no solo compiten deslealmente, sino que ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros al no contar con seguros, verificaciones mecánicas ni controles de identidad de los conductores. Pese a los operativos, los transportistas informales continúan operando en zonas periféricas y en horas pico, donde la demanda supera la oferta legal.
No todo son malas noticias. En junio de 2026, la Ruta 108 puso a prueba una unidad eléctrica, con el objetivo de evaluar su desempeño en el terreno accidentado de la ciudad y medir la aceptación de los usuarios. Este proyecto piloto, aunque modesto, representa un primer intento por modernizar el parque vehicular y reducir las emisiones contaminantes. Sin embargo, los expertos advierten que un solo vehículo eléctrico no bastará para resolver la crisis; se requiere una política integral que incluya chatarrización de unidades viejas, reordenamiento de rutas, tarifas justas y un combate frontal a la informalidad.
Mientras tanto, los tuxtlecos siguen enfrentando cada mañana la odisea de encontrar un colectivo en condiciones mínimas. Organizaciones civiles han solicitado mesas de diálogo con el ayuntamiento y el gobierno estatal para exigir un plan emergente que, antes de que termine 2026, ofrezca resultados tangibles. La pregunta que queda en el aire es si las autoridades estarán a la altura del reclamo ciudadano o si, una vez más, el transporte público seguirá siendo el eslabón más débil de la movilidad urbana.




