Solo 2 de 20 iniciativas de diputada del PAN han sido aprobadas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 2 de Octubre 2026.-En el Congreso del Estado de Chiapas, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, reveló una cifra alarmante sobre su desempeño legislativo: de las 20 iniciativas que ha presentado desde que asumió el cargo, únicamente dos han sido aprobadas por el Pleno. Las otras 18 continúan atoradas en comisiones, sin haber sido turnadas para su votación.

El dato evidencia una grave ineficiencia en el proceso legislativo estatal y plantea interrogantes sobre el destino de las propuestas impulsadas por legisladores de oposición, que en muchos casos abordan problemáticas urgentes para la entidad.

En entrevista, Ibarra detalló el contenido de las iniciativas que permanecen sin dictamen. Entre las que consideró "más importantes" se encuentran: la creación del Consejo de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la creación de refugios climáticos, la ley sobre niños, niñas y adolescentes sicarios, y la modificación a la Ley del Congreso para garantizar que todas las fuerzas políticas tengan representación en la Junta de Coordinación Política.

Sobre el Consejo de Búsqueda, la legisladora subrayó la urgencia: "Ya estamos a días realmente de que ocurra ese suceso". Recordó que la ley estatal aprobada desde 2018 ordena la instalación del Consejo Ciudadano Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero a la fecha sigue sin operar. Tan solo en 2026, los casos de desaparición en Chiapas aumentaron cerca de un 50% respecto al año anterior, y la zona norte de Tuxtla Gutiérrez fue señalada como una de las de mayor riesgo.

En materia climática, Ibarra expuso desde la tribuna que Chiapas ha registrado temperaturas de hasta 45 grados centígrados, con cientos de casos de golpes de calor, deshidratación severa y muertes asociadas. "Chiapas, por su diversidad geográfica, sus comunidades rurales e indígenas dispersas y sus altos índices de marginación, es uno de los estados más vulnerables al cambio climático", advirtió.

Respecto a la ley contra el reclutamiento de menores por el crimen organizado, citó que en las últimas dos décadas entre 35 mil y 45 mil menores han sido captados por organizaciones criminales en México. Unicef estima que más de 30 mil niños y adolescentes participan actualmente en actividades delictivas. Tan solo en San Cristóbal de las Casas, 2 mil 507 menores están en riesgo de ser reclutados por pandillas o cárteles.

Cuestionada sobre cuántas iniciativas han sido aprobadas, la diputada respondió sin titubeos: "Solo dos. La creación de la comisión y una modificación que hicimos a la Ley Ambiental con el tema de la definición del árbol y algunas otras acciones".

Para que el resto avance, explicó, "tiene que ocurrir que sean turnadas a la comisión". Expresó su confianza en que "esta nueva mesa, esos pendientes, podamos darle hacia adelante".

Sobre las razones del rezago, admitió: "En muchas ocasiones son como elegir quizás esas prioridades y quizás nosotros no hemos estado en esas". No obstante, insistió en que los temas "claro que son relevantes" y confió en que "en este año, en este periodo que inicia, podamos sacar adelante estas iniciativas".

Entre todas las iniciativas pendientes, Ibarra destacó especialmente la primera que presentó al llegar a la legislatura: la modificación a la Ley del Congreso para que todas las fuerzas políticas tengan voz y voto en la Junta de Coordinación Política.

"Nos parece que es muy importante que todas las fuerzas políticas tengan una voz al interior de la Junta, porque es donde se toman algunas decisiones, algunas acciones, y lo más importante es que las voces estén participativas ahí", sostuvo.

En la práctica, la Junta de Coordinación es el órgano donde se definen los turnos, las prioridades y el calendario legislativo. Cuando la mayoría concentra su control, los temas de la oposición quedan sistemáticamente excluidos de la agenda, sin importar su urgencia o el consenso social que generen.

Respecto a la protesta de la colectiva Madres en Resistencia frente al Congreso del Estado, que exige la aprobación de la llamada iniciativa Mariana Lima —impulsada por Irinea Buendía tras el feminicidio de su hija, cuyo caso fue clasificado inicialmente como homicidio—, la diputada confirmó que fue invitada a una reunión con el colectivo.

"Aunque nosotros no trabajamos el tema de feminicidios, entendemos que los colectivos de pronto se fusionan y se apoyan entre sí", comentó.

Explicó que en la mesa se planteó que ya existían modificaciones al Código Penal trabajadas con la Comisión de Feminicidios, pero que el obstáculo principal es de competencia: "Hay una ley a nivel federal, entonces esa facultad le está quedando exclusivamente a la federación y no a las entidades".

"Lo que por ahí en la mesa se tocó es que se va a revisar esa modificación, esa reforma que se presentó, y ver de qué manera sí podía caber en el código penal", concluyó.

El caso de Ibarra no es aislado. En la LXIX Legislatura de Chiapas, las iniciativas de legisladores de oposición enfrentan con frecuencia el turno a comisiones que nunca dictaminan, un mecanismo que vacía de contenido la representación política de las minorías.

Analistas locales señalan que la Junta de Coordinación Política se ha convertido en el filtro real del Congreso: lo que no pasa por ahí, simplemente no existe en el Pleno. Mientras la mayoría controle ese órgano sin contrapesos, las propuestas de la oposición —por urgentes que sean— seguirán acumulando polvo en los archivos.

"Nosotras y nosotros trabajamos por la misma tierra chiapaneca, buscando el bien común", afirmó Ibarra. "Vamos a seguir construyendo consensos".

Pero con 18 iniciativas aún sin dictamen, ese consenso tendrá que abrirse paso por un camino legislativo largo, incierto y, hasta ahora, profundamente desigual.