Red de derechos humanos se pronuncia por regular a Fuerzas Armadas

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., a 18 de marzo del 2017.- La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la república mexicana), considera indispensable regular a las Fuerzas Armadas.

En un manifiesto denominado “seguridad sin guerra”, expone que una Ley de seguridad interior, no es la vía adecuada, por lo que es imprescindible trazar un plan de regreso escalonado de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y un programa de profesionalización policial.

Indica que “las tareas de seguridad pública no son propias de la autoridad militar. Así lo han expresado múltiples organismos nacionales e internacionales, expertos en la materia y el propio Secretario de la Defensa.

Así también, lo ordena la Constitución. Sin embargo, la realidad es que las Fuerzas Armadas (FFAA) mexicanas, llevan años auxiliando a las autoridades civiles en labores de seguridad pública y, especialmente, desde hace 10 años,  esta participación se ha vuelto más común y menos auxiliar, siendo en ocasiones éstas las únicas con capacidad de realizar las labores que corresponden a la autoridad civil.

En este contexto, se ha planteado la necesidad de dar a las FFAA, un marco legal, para definir los alcances de su participación en las tareas de seguridad pública.

Coincidimos en que es indispensable regular a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no creemos que una Ley de seguridad interior sea una vía que dé certidumbre a las Fuerzas Amadas ni a la ciudadanía.

Se trata de una respuesta que no atiende los problemas que han llevado a que las FFAA, hoy sean las únicas capaces de proveer seguridad a la ciudadanía.

La propuesta de ley tampoco toma en cuenta los efectos negativos que ha tenido la actual estrategia de seguridad militarizada.

La crisis de la violencia y de violaciones a los derechos humanos en México no cede. Los homicidios violentos están nuevamente en crecimiento en el promedio nacional.

La propuesta de crear una Ley de seguridad interior a fin de regularizar la intervención militar en tareas de seguridad pública y de procuración de justicia no es la solución a estos problemas.

La evidencia demuestra que el despliegue militar no ha reducido la violencia y sí, en cambio ha desgastado a las Fuerzas Armadas en tareas que no les corresponden constitucionalmente y para las que no están preparados, tal como lo ha reconocido el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

México necesita autoridades civiles capaces de solucionar la crisis de inseguridad y violencia. Antes que una Ley de seguridad interior, se requiere construir policías confiables y capacidad preventiva por parte de las autoridades civiles.

Para ello, es indispensable trazar un plan de regreso escalonado de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y un programa de profesionalización policial que en verdad logre instituciones policiales eficaces y confiables.

El anterior presidente Felipe Calderón y el actual presidente Enrique Peña, así lo han ofrecido. Ambos han incumplido.

El concepto de  seguridad interior es poco claro. Confunde las funciones –y tareas- de seguridad nacional y de seguridad pública.

Las propuestas de Ley en la materia proponen un régimen de excepción en el que se violentan los derechos de libre tránsito, debido proceso, presunción de inocencia, entre otros, a la vez que no presenta ninguna ruta para enmendar esta situación.

Se trata de un régimen incompatible con la Constitución y que deja, además, sin escuchar las voces de las víctimas que ha dejado la actual estrategia de seguridad.

La Ley de seguridad interior no es el mejor ni el único camino en la actual encrucijada.

Como colectivo proponemos:

Promulgar la Ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, mismo que prevé las bases para decretar la suspensión temporal de garantías. En esta ley se debe:

Incluir fuertes contrapesos del poder legislativo y judicial.

Fijar objetivos precisos, así como límites de tiempo, claros e improrrogables.

Incluir mecanismos de responsabilidad económica y política para los gobiernos locales que se declaren incapaces de cumplir con su mandato constitucional de proveer seguridad pública.

Considerar un modelo de controles múltiples en terreno que permitan la supervisión de las operaciones y la revisión en periodos cortos por parte del propio Congreso, tales como la integración de comisiones adhoc, que soliciten información y realicen inspecciones en los lugares donde se desplieguen las FFAA.

Las intervenciones de las Fuerzas Armadas en estos operativos deben ir aparejadas con una normatividad de uso de la fuerza, armamento y rendición de cuentas, apropiada para las tareas de seguridad pública.

Crear una comisión plural de trabajo entre representantes del Ejecutivo Federal, del Congreso de la Unión, de la academia, de las víctimas de la violencia a lo largo de estos diez años de seguridad militarizada, y de la sociedad civil organizada, que construya el consenso que soporte esta ley reglamentaria, con base en diagnósticos y evidencia empírica.

Construir en el seno de la misma comisión un plan de regreso de los militares a los cuarteles, sujeto a condiciones y estándares precisos de contención y reducción de la violencia a manos de autoridades civiles competentes y confiables. El plan puede ser incluido en los artículos transitorios de la ley reglamentaria referida.

El plan de regreso debe incluir el diseño de un perfil de competencias profesionales y de herramientas de supervisión sobre las tareas de policía y de investigación que actualmente desempeñan las autoridades militares, así como mecanismos anticorrupción en todas las instancias de seguridad.

Igualmente, esta comisión debe diseñar los ajustes necesarios al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para forzarlo a cumplir con la profesionalización policial, sujeto a plazos y establecer consecuencias ante el incumplimiento.

El plan debe considerar que se restablezca una instancia de coordinación para la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, estableciendo un programa coherente y consistente de combate a la impunidad.

Se debe asegurar una supervisión independiente, imparcial y expedita de las violaciones a los derechos fundamentales.

No se debe normalizar la excepción, sino hacer frente a la emergencia y corregir las fallas que existen de fondo. La Ley de seguridad interior es el síntoma extremo de un paradigma de seguridad que fracasó.

Esto es constatable con la alta proporción de víctimas de todo tipo de delitos y violaciones graves a los derechos humanos, la extendida percepción de inseguridad, la sub denuncia desproporcionada y la masiva desconfianza social hacia las instituciones que la deberían proteger.

El despliegue militar afecta cada vez más a las propias autoridades militares, cuyos estándares de uso máximo de la fuerza no son propios de las tareas policiales y de investigación de delitos. Es hora de cambiar la ruta para lograr una seguridad sin guerra”, finaliza.