Pobladores de Chenalhó denuncian presunto desvío de 24 mdp en obras fantasma

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 18 de agosto 2026.-La indignación estalló en las 138 localidades del municipio indígena de Chenalhó tras la revelación de un presunto desfalco millonario. El presidente municipal, Alberto López González (PRI), es señalado por pobladores y autoridades comunitarias de desviar 24 millones 456 mil 785 pesos del Programa de Inversión Municipal (PIM) 2025, en 21 obras que nunca se ejecutaron.

Según la denuncia presentada ante la Secretaría de Gobernación, la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Anticorrupción, el listado incluye rehabilitación de espacios públicos, alumbrado y mantenimiento de caminos rurales en comunidades como Bachen Poconichim, Pechiquil, Chenok y Titojtic, entre otras. Sin embargo, los habitantes aseguran que ninguna de esas obras fue realizada.

El caso más emblemático es el del "Puente Amarrillo" en el Barrio San Pedro, con un costo asignado de 9 millones 952 mil pesos. Testigos señalan que se trata de una estructura de dimensiones reducidas, cuyo precio resulta "exorbitante" y viola los principios de austeridad y eficiencia establecidos en la Ley Federal de Austeridad Republicana.

El punto de quiebre ocurrió el 12 de febrero, durante una asamblea general convocada por el ayuntamiento. Frente a agentes de las 138 localidades, el alcalde López González negó inicialmente los señalamientos, pero ante pruebas documentales de la cuenta pública municipal, terminó reconociendo que los recursos no se usaron en obras, sino que fueron destinados a fiestas tradicionales y pago de mayoles (policías indígenas). La confesión, lejos de calmar los ánimos, avivó el reclamo popular.

Los denunciantes también señalan al síndico municipal Eleuterio Gómez Guzmán, al tesorero Manuel Jiménez Pérez, al director de Obras Públicas Mariano Pérez Arias y al contralor Gilberto Darinel Ruiz Liévano como presuntos responsables del desvío de recursos del FAISMUN y FORTAMUN.

El 1 de abril, el ayuntamiento habría presionado a los agentes rurales para firmar un documento en blanco, con el argumento de que los recursos federales estaban retenidos. El contenido real del escrito, según los denunciantes, declaraba que no existían obras fantasma, desligando de responsabilidad a la administración municipal. Solo cuatro agentes se negaron a firmar.

El antecedente de violencia en Chenalhó, que en 2016 dejó asesinatos y desplazados, genera temor de que el descontento derive en nuevos episodios de confrontación. Por ello, los pobladores han solicitado la intervención urgente de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, la Auditoría Superior de la Federación y el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

El ayuntamiento ha negado las acusaciones, calificándolas de "falsas" y con "trasfondo político", y asegura que su gestión opera con transparencia. Sin embargo, los habitantes insisten en que la firma de los agentes fue obtenida bajo presión.

"Lo que está en juego no son solo 24 millones de pesos. Está en juego la paz social y el derecho a un desarrollo digno", señaló uno de los denunciantes. Mientras las comunidades esperan caminos y alumbrado, los recursos públicos se diluyen entre justificaciones y argucias legales. Las autoridades federales y estatales tienen la palabra. La sociedad de Chenalhó exige justicia.