PAN presenta iniciativa para frenar el reclutamiento de menores en Chiapas

Por Argenis Esquipulas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., a 30 de noviembre de 2025.-Ante el avance del crimen organizado y su creciente incursión en el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, la diputada local Geovanni Barra, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa considerada “indispensable, impostergable y urgente” para frenar este fenómeno que, según advirtió, está destruyendo infancias en todo el país.

La propuesta legislativa, fundamentada en la Constitución Federal y la Constitución de Chiapas, plantea reformar la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal estatal, con el fin de tipificar de manera explícita el delito de reclutamiento criminal y establecer sanciones más severas.

Durante su intervención en tribuna, Barra lamentó que México atraviese “un proceso de degradación social” que ha derivado en niveles de violencia sin precedentes, afectando de manera particular a la niñez y juventud. Frente a diputadas, diputados, asistentes y audiencia digital, subrayó que la urgencia de legislar responde a un problema que se ha acelerado y sofisticado en los últimos años.

La legisladora recordó que, conforme a datos del Congreso de la Unión, entre 35 mil y 45 mil menores han sido reclutados por organizaciones criminales en los últimos 20 años. UNICEF México estima que más de 30 mil niñas, niños y adolescentes participan actualmente en actividades delictivas, mientras que la Red por los Derechos de la Infancia (Redias) señala que alrededor de 25 mil menores se encuentran en riesgo inminente.

“Estas cifras no son números —advirtió Barra—. Son niñas y niños. Son historias truncas, vidas perdidas antes de siquiera haber comenzado”.

Barra apuntó que los grupos criminales han abandonado métodos tradicionales de intimidación y operan ahora mediante redes sociales, plataformas digitales y videojuegos. Investigaciones periodísticas han documentado perfiles en TikTok utilizados expresamente para contactar y enganchar a preadolescentes con promesas de pertenencia, protección o ingresos rápidos.

El problema se agrava con la tendencia a reclutar menores cada vez más jóvenes. De acuerdo con la diputada, existen reportes de niñas y niños de 8 a 10 años utilizados como halcones o vigilantes; a los 12 años, muchos ya portan armas o son obligados a cometer delitos graves. Estudios que citó la legisladora indican que la esperanza de vida de un menor reclutado es de apenas tres años.

Barra insistió en que las organizaciones delictivas consideran a los menores “recursos desechables, baratos y jurídicamente convenientes”, debido a que la legislación vigente prevé sanciones menos severas para adolescentes. Esta situación ha contribuido a un incremento en la participación de menores en actividades ilícitas en al menos 15 estados del país.

Aunque Chiapas no registra niveles extremos como otras entidades, la diputada recalcó que “el estado comienza a mostrar signos alarmantes” de cooptación.

Cifras de Redias señalan que Chiapas concentra el 8.1% de la población infantil y adolescente en riesgo de ser reclutada. Las condiciones estructurales del estado —pobreza, desigualdad, marginación rural, deserción escolar— favorecen el avance de estas redes.

Desde diciembre de 2024, se han registrado detenciones de adolescentes de 13 a 17 años en operativos por narcotráfico, tráfico de armas y robos. Organizaciones civiles han denunciado que estas detenciones representan la criminalización de víctimas reclutadas a la fuerza.

En San Cristóbal de las Casas, la organización Melel Xojobal estima que 2,507 menores están en riesgo directo de ser enganchados por pandillas o cárteles. En el caso de niñas y adolescentes, se reportan además situaciones de explotación sexual, frecuentemente invisibilizadas.

“Debemos impedir que la niñez chiapaneca se convierta en carne de cañón del crimen organizado”, declaró Barra.

La diputada enumeró factores estructurales que alimentan el fenómeno: pobreza extrema, rezago escolar, violencia intrafamiliar, falta de oportunidades, debilitamiento institucional y la normalización social de la violencia.

A esto se suma —advirtió— la ausencia de una tipificación penal clara en Chiapas sobre el reclutamiento criminal de menores. Aunque México ha firmado tratados internacionales de protección infantil, en la práctica no existen mecanismos locales sólidos que atiendan la complejidad del fenómeno.

La propuesta de Barra contempla:

• Prohibir expresamente el reclutamiento forzoso o voluntario de menores por grupos criminales.
• Establecer sanciones ejemplares para quienes recluten, obliguen o utilicen a menores en actividades delictivas.
• Fortalecer mecanismos de prevención y protección institucional.
• Reconocer a los menores reclutados como víctimas, garantizando su acceso a rehabilitación y reintegración social.

La legisladora pidió que la iniciativa sea discutida en la siguiente sesión del Congreso, sin distinción partidista, al considerarla un asunto de responsabilidad histórica.

En su mensaje final, Barra apeló a la obligación ética y constitucional de proteger a la niñez chiapaneca.

“No podemos permitir que sigan siendo arrebatados, utilizados, explotados y descartados por el crimen organizado”, afirmó.

Exigió a la legislatura actuar con firmeza y unidad, al advertir que las decisiones tomadas hoy definirán si la niñez del estado estará protegida o desamparada frente a la violencia.
“Hasta el final, con las niñas, con los niños y los adolescentes de Chiapas”, concluyó.