Ordena juez desactivar miles de narcominas diseminadas en Michoacán

MORELIA, Mich., 9 de marzo de 2025. – Por «actos omisivos» por parte de las autoridades, el juez Primero de Distrito en Michoacán concedió un Amparo Directo que obliga al Gobierno de Michoacán a localizar, retirar y desactivar explosivos y minas antipersonas en el municipio de Buenavista, en la Tierra Caliente. 

El juez concedió el amparo directo con numeral 272/2025, porque consideró: La omisión de desplegar acciones para identificar los sitios de instalación de mina terrestre por parte del crimen organizado», con ellos se violaron derechos constitucionales considerados en los artículos 1, 4, 5, 14, 16, 17, 21 y 29. 

Ante ello, las autoridades responsables, se verán obligadas a desarrollar un programa para identificar los lugares donde posiblemente haya minas y desactivarlas, a fin de salvar guardar a toda la población de ese municipio. 

En especial, deberán tomar acciones inmediatas sobre las comunidades de Las Paredes del Abogado y Santa Ana Amatlán. 

El problema en materia de uso de explosivos por parte del crimen organizado en la Tierra Caliente No es nuevo y las cifras de minas localizadas, así como el número de fallecimientos, dejan entrever la gravedad del asunto. 

En el año 2024, de acuerdo a cifras oficiales de la propia Secretaría de Seguridad Pública, el equipo especializado para desactivar explosivos decomiso 3171 granadas, así como 291 kilos de explosivos en los municipios de Apatzingán, Buenavista, Tumbiscatío y Cotija, los tres primeros municipios de la Tierra Caliente. 

Pero en el caso específico de Buenavista, sólo el pasado 8 de febrero se informó que habían localizado y desactivados 20 explosivos para dron y una mina en tierra. 

El uso de este tipo de explosivos por parte del crimen organizado han cobrado la vida de 14 personas en los últimos cuatro años. 

De acuerdo a cifras de la Fiscalía General del Estado e información dar a conocer a la opinión pública, de 2021 al febrero del 2025, han muerto un oficial desertora de la Guardia Nacional relacionada a actividades ilícitas, cuatro militares, un civil presuntamente vinculado o al crimen organizado y ocho civiles, entre los que se encuentran un profesor y tres campesinos.