
Parlamento Infantil 2025 Michoacán: niñez señala crimen y desigualdad
TAPACHULA, Chis., a 23 de febrero de 2018.- A más de cuatro meses del conflicto territorial entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó que provocó el desplazamiento de más de 5 mil indígenas; con un total de 11 personas fallecidas; aún continúan desplazados en las montañas más de mil personas, en su mayoría niños, mujeres, adultos mayores y hombres, que se encuentran abandonados por las autoridades municipales, estatales y federales. De acuerdo al testimonio recabado por el coordinador de la Pastoral Social, Marcelo Pérez Pérez, actualmente se encuentran desplazados un total de mil 60 personas de 290 familias tzotziles; que temen regresar a sus comunidades debido a que continúan los disparos de armas de fuego provocado por grupos armados de Chenalhó. El pasado 2 de enero del presente año, más de 3 mil desplazados fueron obligados por el gobierno de Manuel Velasco Coello a retornar a sus comunidades sin dignidad y sin las condiciones de seguridad; con la promesa de atención del conflicto a través de mesas de diálogo. El resto de los desplazados no pudieron retornar debido a que sus viviendas fueron quemadas o destruidas por paramilitares; además que sus tierras se ubican en la zona de conflicto que se encuentra resguardada por el grupo armado que opera de forma impune. Según testimonios de los indígenas recabados el pasado miércoles en el albergue donde aún se encuentran desplazados 160 personas de la comunidad de Bejelton, 70 de Cruz Ton, 195 de Tulantic, 50 de Cruz C’c’anam, 100 de Xixim Tontic, 133 de Jolc’ante’tic, 77 de Pom, 231 de C’analum,tic, 44 de Ch’enmut y 29 familias de Bolol Ch’ojon; aún se escuchan disparos de armas de fuego desde la mañana hasta la noche. Denunciaron que los niños, mujeres, adultos mayores y hombres se encuentran abandonados en los campamentos sin comida por las autoridades municipales encabezadas por Martín Gómez Pérez y los integrantes de las mesas de negociación; así como el gobierno de Manuel Velasco Coello y Enrique Peña Nieto. “Nosotros no vamos a regresar a nuestras comunidades hasta que escuchemos que se desarmaron a los paramilitares, ya que no hay seguridad”, dijo Guadalupe. Abundó que exigen justicia por las 11 personas que perdieron la vida, uno de ellos asesinados por los paramilitares y el resto falleció por hambre, frio y por enfermedades y falta de medicamentos y atención médica. De igual forma, que se desarme al grupo armado y se reparen los daños que ocasionados como la quema y destrucción de viviendas, robo de animales de corral y afectación en sus parcelas. Los desplazados dijeron que no hay condiciones para retornar a sus comunidades debido a que los grupos armados continúan en la zona de conflicto. Hicieron un llamado a la Organización de las Naciones Unidas para Desplazados y de Derechos Humanos, a la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que escuchen sus demandas y vean que el gobierno de Manuel Velasco Coello hace caso omiso a esta crisis humanitaria.