TAPACHULA, Chis.,12 de febrero de 2021.- Indígenas de la comunidad Mam de Pavencul y Toquian y la periodista Cinthya Elena Alvarado Enríquez, protestaron en el parque central de esta ciudad, debido a que fueron liberados los ocho policías municipales que fueron detenidos el pasado jueves por elementos de la Fiscalía General de la República en Tapachula.
En conferencia de prensa, Fluviano Velázquez Velázquez, presidente del comisariado ejidal de Toquian Grande y Pavencul, exigió al gobierno federal que se haga justicia en Tapachula con los pueblos indígenas, “tenemos información que dejaron en libertad al comandante y ocho policías que quedaron en libertad, lo que ha causado inconformidad entre los habitantes de la zona alta”


En su intervención demandan la reparación de los daños y el presunto robo de documentos, dinero y celulares de los 42 pobladores que a la fecha no se les ha devuelto.
“Lo que le pedimos al presidente de México es que siga con la justicia, porque el si esta cumpliendo, porque con el gobernador de Chiapas, no se está consiguiendo nada”.
La autoridad ejidal, dijo que buscan que los elementos de la policía que participaron en estos hechos, deben quedar detenidos y pagar por estas acciones.
Noé de Jesús López Morales, forma parte del grupo de los 42 campesinos que protestaban en esa ocasión, quien, acompañado de su esposa, llego este viernes hasta Tapachula, vendado de un brazo y prácticamente arrastrando los pies, debido a la golpiza que le propiciaron los policías hace más de un año.
En entrevista, con un dolor enorme en su anatomía, narró que en Pavencul, era policía auxiliar y en esa ocasión de unió a la protesta pacífica, con el único fin de poder ser escuchados para que les reparan su carretera que ha estado abandonado por años.
“Al ver los municipales que llevan mi tolete, me agarran de manera brutal, hasta quebrarme mis costillas, las dos clavículas, la columna y las dos rodillas que están mal y en situación crítica”.
Hizo un llamado a las autoridades federales que se le ayuden porque ha quedado discapacitado, impidiendo poder trabajar y poder mantener a su familia.
El afectado, mostró algunos documentos, recetas y radiografías que se ha hecho, sin embargo, dijo que es necesario que las autoridades federales y estatales, lo apoyen con una pensión mensual, porque ya no ha podido trabajar desde hace un año.

Recordó que el pasado lunes 27 de enero, en Tapachula los pobladores sufrieron una presunta masacre cuando se exigía por medio de una protesta de los malos caminos de los ejidos, dándoles una recompensa de una golpiza a 42 campesinos que quedaron con lesiones, golpes y daño psicológico por parte de los elementos de la policía municipal.
En este mismo sentido, Guillermo Pérez Ortiz, agente municipal del Ejido Pavencul, destacó que el ayuntamiento anterior, en vez de dar respuesta a sus necesidades sobre los caminos que están afectados, recibieron una golpiza a los campesinos.


“Los bajaron al sótano y los agarraron como matar perros, abusando de los derechos humanos de los campesinos, por eso, estamos inconformes, por lo que pedimos al presidente de la República que tomen cartas en el asunto y que los presuntos policías municipales deben estar en la cárcel, porque en vez de recibirnos bien nos dieron golpiza”.
Las comunidades indígenas, reprocharon al gobierno estatal, sobre el abandono y la marginación a la que se han enfrentado por décadas, por ello, es importante que sean tomados en cuenta.
De igual forma, Roberto Mejía Velázquez, del consejo de vigilancia de ambos ejidos, consideró que se vienen arrastrando problemas que dejo la pasada administración con 42 personas golpeadas, entre ellos, uno de los policías auxiliares, les brinde con recursos para sostener a esta persona.
Los representantes de estas comunidades, exigen a las tres instancias de gobierno mayor atención y dialogo con las comunidades indígenas.
En tanto que la periodista, Cinthya Elena Alvarado Enríquez, aseguró que el juez federal, Gerardo Morena García, argumento, que la presunción de inocencia se iba a privilegiar contra tantas víctimas y personas indefensas”.
La activista en esta ciudad, remarcó que el juez dijo que de estos hechos ya paso un año y que esas personas hubiesen querido huir ya se hubiesen ido, lo cual es suficiente argumento para el hecho de que esos policías son personas arraigadas en Cacahoatán y Tapachula que tienen familias y prefiere que se defiendan en libertad y no bajo caución o en previsión preventiva.
Consideró y espera que el juez federal, sea equilibrado en su manera de decidir en el caso.