Impulsan en Chiapas ley que frena a agresores políticos

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 28 de mayo 2026. – Con el respaldo de autoridades electorales, activistas y el Poder Legislativo, la diputada Marcela Castillo Atristain impulsa una iniciativa de reforma que busca impedir el registro y acceso a cargos públicos de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, así como anular elecciones donde se cometa esta conducta.

La propuesta, presentada junto a la también diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral local, Magali Anabel Arellano Córdova, la consejera María Magdalena Vila Domínguez y la presidenta de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (REPARE), María Teresa Olvera Caballero, modifica dos artículos clave.

Por un lado, se reforma el artículo 38 de la Constitución Política Federal y el artículo 103 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas. La medida establece que una sentencia firme o resolución definitiva por violencia política de género suspenderá automáticamente los derechos político-electorales de la persona agresora, impidiéndole ser candidata o desempeñar un cargo público.

Además, se contempla la nulidad de cualquier elección donde se acredite violencia política en razón de género durante el proceso. Como sanción adicional, el partido político o candidato responsable quedará excluido de participar en la elección extraordinaria que se convoque.

“Buscamos que ninguna mujer tenga que competir contra quien la ha agredido”, declaró Castillo Atristain, quien subrayó que la iniciativa cierra vacíos legales y fortalece la democracia paritaria en Chiapas.