Iglesia católica exige atención a conflicto territorial

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., a 13 de diciembre de 2017

Desde la cercanía que nos da el ser parroquias vecinas de lengua Tsotsil, en continuidad con la declaración de 28 de noviembre del Consejo de Pastoral de la Diócesis de San Cristóbal, con grande preocupación e impotencia vemos crecer el conflicto entre los pueblos de Chenalhó y Chalchihuitán y consideramos indispensable dar a conocer a la opinión pública la situación que prevalece.

1. La crisis humanitaria crece día con día por el desabasto, ya cercano a un mes, provocado por el bloqueo de los tres accesos al municipio de Chalchihuitán,  sumado a los efectos de las lluvias, el frio y la condición de desplazamiento de numerosas familias, muy mayoritariamente del municipio de Chalchihuitán.
2. Crecen los reportes de crecientes problemas de salud y el limitado acceso a servicios médicos y medicamentos ofrecidos por personas de la sociedad civil y alguna presencia puntual de personal de instituciones públicas. Se informa ya de algunas defunciones de niños y ancianos, por hambre o por enfermedad.
3. La dotación de ayuda humanitaria de la diócesis y de la sociedad civil está siendo insuficiente, dada la magnitud de las necesidades y la dificultad para hacerla llegar hasta las personas desplazadas.
4. Continúan los reportes de disparos que mantienen el nivel del miedo y la imposibilidad de retornar a sus viviendas para la mayoría de los desplazados.
5. Los acuerdos de las autoridades de Chenalhó de permitir sólo paso peatonal no significaron alivio alguno para la población de Chalchihuitán, pues no permiten el paso seguro de vehículos con víveres, personas y gasolina.
6. Aunque el gobierno estatal ha tomado algunas medidas para atender la emergencia alimentaria y sanitaria, ha sido insuficiente. Lo más grave es que no se ve que procure un proceso de solución de fondo del conflicto.
7. El problema limítrofe entre Chenalhó y Chalchihuitán ha crecido hasta parecer inmanejable. Se anuncia como inminente la resolución del Tribunal Agrario sobre este conflicto, pero nos preocupa cuál sea su sentido. No basta un documento de escritorio desde la ciudad de México, sin un consenso armónico entre los pueblos. Sin esto, las consecuencias pueden ser graves.
8. La larga historia de este conflicto demuestra que las sentencias judiciales, aisladas de la verdadera atención a los aspectos sociales del problema, no solo no lo resuelven, sino que lo pueden empeorar.
9. Esto se hace evidente porque la asamblea de agentes municipales y comisariados convocados por la presidenta municipal Chenalhó, indicó el 5 de diciembre que “en caso de que el Tribunal Unitario Agrario no emita la Resolución Definitiva a favor del municipio de Chenalhó, se llevarán a cabo medidas drásticas en contra de los comuneros del municipio de Chalchihuitán, hasta recuperar las tierras que ancestralmente pertenecen al municipio de Chenalhó”
10. Un grupo armado ha puesto impunemente en estado de sitio al municipio de Chalchihuitán y no entendemos por qué las autoridades estatales y federales lo han permitido. Recibimos noticias de que los armados están obteniendo más armas y aumentan sus amenazas. Es imprescindible su contención, desarme y procesamiento judicial, para garantizar la desactivación de las causales del desplazamiento forzado en curso.
11. Se da de hecho un estado de excepción en el que niegan los derechos fundamentales y las garantías individuales a los habitantes de todas las comunidades de Chalchihuitán y algunas de Chenalhó, y no se perciben pasos eficaces para establecer el estado de derecho mínimo en favor de esa población mexicana.

Todo esto hace evidente que urge una solución de fondo e integral al conflicto entre Chenalhó y Chalchihuitán que, sin desconocer la dimensión jurídica, la incorpore en un contexto más amplio que tome en cuenta los factores culturales, sociales e históricos.

Ya hubo en el pasado un intento serio de encontrar una solución justa y respetuosa de los derechos de ambos municipios, con la creación de un “Comité Técnico para la Atención del Conflicto de Límites entre las Comunidades de San Pedro Chenalhó y San Pablo Chalchihuitán”. Después de aproximadamente dos años de trabajo, ese esfuerzo se abandonó inexplicablemente.

Pensamos que hoy es posible recuperar el estudio encomendado por el Comité Técnico a un Grupo de estudio Interdisciplinario que en 2010 indicaba:

“Dado el estado actual de conflictividad social entre ambas comunidades, consideramos que ninguna resolución jurídica resulta aceptable para las dos partes en disputa, por lo que no será socialmente sostenible sino al contrario, puede terminar fortaleciendo los factores estructurales de tensión; cualquiera que fuera la resolución de los Tribunales, produce el riesgo de perpetuar la actual incertidumbre jurídica sobre todo el edificio de los dos procesos de RTBC” (Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales) [Recomendación no. 1 contenida en el Resumen Ejecutivo del Informe del GEI al Comité Técnico].

En otra Recomendación (No. 6) se afirma: “Consideramos inaplazable que se concerte y se instale una mesa de diálogo político y comisión tripartita, considerando en condiciones de equidad a los Bienes Comunales de Chenalhó y Chalchihuitán así como al Gobierno del Estado”, pero no solo éstos sino otro actores coadyuvantes al proceso de diálogo tales como “ancianos y autoridades indígenas actuales y pasadas” y “expertos de la sociedad civil, así como de los organismos multilaterales especializados” (Recomendaciones 10 y 11).

Instamos al gobierno federal, al estatal y a los municipales a que retomen el camino de una solución integral al problema, dado que en esta ocasión el conflicto se ha agravado más que en ninguna otra ocasión que se recuerde, por la creciente participación de grupos armados.

Urgimos y, en nombre de las víctimas, exigimos, a las autoridades tres niveles de intervención inmediata:

1.- Reconocer el conflicto violento y el desplazamiento forzado, imponiendo y garantizando un alto a cualquier acto de violencia, con la consiguiente determinación de responsabilidades de las graves violaciones a los Derechos Humanos y a la Constitución.

2.- Garantizar de manera inmediata un convoy de ayuda humanitaria, suficiente y continua, hasta atender a total de las familias desplazadas de ambos municipios y los efectos del desabasto en la población de Chalchihuitán.

3.- Hacer un verdadero desagravio a los dos pueblos, puesto que el conflicto surge a partir de la intervención gubernamental federal y es acrecentado por los intereses de partidos políticos, como condición para instalar una impostergable mesa de diálogo de alto nivel, encabezada por el gobierno federal, con participación de la sociedad civil y otros actores institucionales.

Por los agentes de pastoral del Equipo Tsotsil

Fray Gonzalo Ituarte Verduzco O.P.

Vicario de Justicia y Paz

Con la anuencia de

+ Felipe Arizmendi Esquivel

Administrador Apostólico de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas