TAPACHULA, Chiapas, a 25 de abril de 2017.- La iglesia católica externó su preocupación por la crisis humanitaria que se presenta en esta Frontera Sur, debido al número creciente de familias migrantes y solicitantes de refugio, provenientes principalmente de Centroamérica, que huyen de la violencia de sus país de origen, y que el gobierno de México les ha negado la protección por que no esta en su agenda.
Durante la inauguración y bendición de las oficinas del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) en esta ciudad, sacerdotes de esta congregación coincidieron en que se vive un desplazamiento de 65 millones de personas en diversas partes del mundo; provocadas algunas por conflictos bélicos, pobreza, problemas políticos y violencia generada por el crimen organizado y pandillas.
Arturo González, director del SJR en México; explicó que debido al incremento de familias migrantes y solicitantes de refugios en esta Frontera Sur, provenientes de Guatemala, honduras y El Salvador que huyen de la violencia generada por integrantes de las pandillas Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18 y a petición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR); se puso en marcha esta oficina que brindará ayuda para la recepción de documentos, acompañamiento ante las instancias correspondientes en los trámites de refugio, apoyo psicológico, protección necesaria y ayuda para la reintegración social al país.
El sacerdote, recordó que el Servicio Jesuita a Refugiados se fundó en el mes de noviembre de 1980, con los refugiados de Vietnan, y actualmente, tienen presencia en 47 países del mundo; 10 de ellos en Asia, cuatro en Africa, en el Medio Oriente, Estados Unidos, Europa, Canadá, América Latina y México.
El director del SJR en America Latina y El Caribel, Mauricio García Durán; dijo que los desplazados provenientes de Centro y Sudamérica, ven a México como un segundo país de destino, con lo cual, dejó de ser un lugar de tránsito para quienes querían llegar a Estados Unidos.
«Antes eramos un país de tránsito, de esos 400 mil migrantes que utilizaban el país para llegar a Estados Unidos, 150 mil están necesitados de protección internacional», señala sacerdote, quien aseveró que es preocupante ya que el gobierno no tiene la capacidad para atenderlos y esto genera una crísis humanitaria por el número creciente de familias que siguen llegando.
De acuerdo al coordinador de la Pastoral de la Movilidad Humana (PMH) de esta localidad, César Augusto Cañaveral Pérez, las familias desplazadas llegan con lo que llevan puesto y con impactos psicológicos muy fuertes, debido a que la mayoría ha presenciado la muerte de un familiar cercano o viene huyendo por que no tiene para pagar a los pandilletos la cuota que exigen para respetar sus vidas, y el único objetivo de éstos es salvaguardar a sus familias.
Mientras que otros migrantes optan por desplazarse a Nicaragua, Costa Rica y Panamá, para poner a salvo a sus familias.
Para el director del Servicio Jesuita a Refugidos para America Latina y El Caribe, preocupa también a la iglesia católica el desplazamiento de Venezolanos dado la situación que se vive en ese país, ya que las autoridades de Colombia han reportado un flujo en los últimos cuatro años de un millón de personas y la cifra va en aumento; de igual forma, la emigración de Haitianos que están saliendo por toda América Latina, y que un gran número de ellos que se encuentran en una situación difícil en República Dominicana por un fallo de la Corte de Constitucionalidad al desnacionalizarlos; mientras que otro grupo fuerte se encuentran varados en las ciudades fronterizas de Nogales y Tijuana, en México, sin que puedan cruzar a Estados Unidos.
FRONTERA SUR, LA MÁS DOLOROSA Y MILITARIZADA
La violencia y abuso contra los migranes que se registra por parte del crímen organizado y las diversas corporaciones policíacas, preocupa también a la iglesía católica, concidieron sacerdotes integrantes del Servicio Jesuitas a Refugiados.
Para el coordinador de la Pastoral de la Movilidad Humana, César Augusoto Cañaveral Pérez, la Frontera Sur es la más dolorosa y militarizada, donde es más fácil que ingrese contrabando y drogas, que migrantes que buscan salvaguardar su vida.
Abundó que los delitos más frecuentes que se comenten contra la población migrante y refugiados es el robo, extorsión, lesiones y secuetro; por parte del crimen organizado en un 45 por ciento, según estadísticas de las casas de migrantes del 2015-2016; y en un 42 por ciento policías mexicanas; entre ellas la Policía Federal, estatales y municipales, en las ciudades de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz; de igual forma en los estados de Jalisco, Guanajuato y Estado de México.
Y las autoridades federales y estatales no tienen la capacidad para otorgar a la población migrantes acceso a la justicia, economica y alimenticia, menos asistencia humanitaria.
Cañaveral Pérez, dijo que es necesario que México perciba la situación de las fronteras, y de ahí, contribuir a destacar los beneficios de una legislación nacional sobre la materia para un tratamiento humanitario justo y digno a la población migrantes y solicitantes de refugio.
De igual forma, que asuma como principio el respeto fundamente de no devolución, incluyendo el no rechazo en la frontera.