Fiscalía de Chiapas se suma a cacería de migrantes: Pueblo Sin Fronteras

Comunicado de prensa

A la comunidad migrante
A las personas defensoras de derechos humanos
A las organizaciones sobre migración
A las autoridades correspondientes
Por instrucciones del Fiscal General Jorge Luis Llaven Abarca, la Fiscalía General del Estado de Chiapas se suma a la cacería de migrantes.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas se suma a la tarea del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional en la cacería y persecución de personas migrantes, los cuales ante las políticas de contención y retención implementadas en la ciudad de Tapachula, muchos de ellos se ven obligados a buscar alternativas para tratar de salir de esa especie de ciudad cárcel, donde no encuentran trabajo, ni ninguna otra opción para sobrevivir o regularizarse.

Bajo el pretexto de la prevención del delito y como parte de las acciones del Programa Frontera Segura, la Fiscalía se suma a los operativos ilegales y sin el acompañamiento del INM para la cacería de migrante. Ya no solo en carretera, ahora los persiguen hasta las vías del tren o en caminos inhóspitos por donde los han forzado a transitar.

La persecución y aseguramiento la realizan siguiendo las rutas sobre las vías del tren, por caminos y cerros que los migrantes transitan a pie para poder evadir los retenes migratorios; y si bien, dichos senderos son aprovechados por criminales para robar y violentar a los migrantes, -basados en varios testimonios de los propios migrantes que han sido víctimas-, pueblo sin fronteras ha documentado que realidad el propósito de la Fiscalía no es la prevención de delitos en contra de ellos o la población en general, “en los hechos, estos operativos están planeados para detenerlos, robarles y posteriormente entregarles ante el lNM, y también de paso, tratar de justificar el trabajo que la Fiscalía no ha hecho en contra del alza de la violencia que percibe la población de Chiapas”.

En un clima de criminalización, persecución y abuso generalizado en contra de las personas migrantes por parte del INM y de cuerpos policiacos del Estado de Chiapas, la Fiscalía General del Estado de Chiapas (anteriormente Procuraduría), que precisamente por sus constantes abusos, extorciones y fabricación de delitos, a fuerza de presión y denuncias por parte de personas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, se había conseguido disuadir de ejercer operativos en contra de personas migrantes, ahora vuelve a realizar las mismas prácticas denunciadas en gobiernos pasados, amparada y aprovechando la generalizada criminalización y persecución institucional de personas migrantes. Pareciera que al igual que el INM, la delincuencia común, los cuerpos policiacos locales (que en retenes y operativos detienen a los migrantes y les extorsionan con tarifas que van de los $500 a $1000 o de lo contrario los amenazan con entregarlos directamente al INM), la Fiscalía estatal de también pretende reclaman su parte del botín derivado de la extorsión a las personas migrantes.

El estigmatizar a los migrantes y perseguirlos como criminales, sin las facultades para