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Camilo Pantoja
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., a 29 de abril del 2017.- A dos meses del asesinato del niño Humberto Morales Sántis, en el ejido Carrizal, municipio de Ocosingo, sus familiares y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, FNLS, exigen justicia.
En un comunicado, señalan que “fue una emboscada, tortura y ejecución extrajudicial de nuestro compañero Humberto Morales Santiz, crimen cometido por el Estado a través de los paramilitares en coordinación con el mando único en el ejido el Carrizal, municipio de Ocosingo, Chiapas el pasado 28 de febrero de 2017.
No hay avances en la investigación del crimen del menor de secundaria, por lo que se exige juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de esta ejecución extrajudicial y de los crímenes de lesa humanidad.
De este crimen no se ha tenido avances sustanciales en la investigación, desde el inicio hubo actos de omisión, negligencia, burocratismo en el proceso jurídico que hasta la fecha las autoridades continúan conduciéndose del mismo modo, lo que demuestra la política de impunidad de las instituciones.
Pese a que la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas y las instancias judiciales subordinadas a ésta tienen conocimiento del caso en San Cristóbal de Las Casas y Ocosingo, además de que cuentan con indicios que apuntan a sus perpetradores, lo que han hecho es sujetarse a su política de dilación para detener la denuncia y la exigencia de justicia.
Es clara la política de dilación del Estado mexicano, son dos meses, no hay justicia por el asesinato de nuestro compañero, sin embargo, los criminales son premiados con la impunidad, el proceso jurídico avanza entre la simulación e indolencia.
Pero no desistiremos de exigir justicia, no permitiremos que la impunidad sepulte en el olvido el caso de nuestro compañero Humberto; así como exigir justicia por las víctimas del terrorismo de Estado que se cuentan en miles, a lo largo y ancho del país.
Mientras tanto, la política represiva y sistemática contra nuestro proyecto político no se detiene, cuando exigimos justica recibimos represión y hostigamiento, esto debido a que no renunciamos de la exigencia de presentación con vida de los más de 300 mil detenidos desaparecidos y particularmente por la de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez que a diez años de su desaparición, el Estado mexicano, de múltiples formas ha querido detener la exigencia de justicia, castigo… por ese y los miles de crímenes de lesa humanidad contra los desposeídos.
Con la actual Jornada de lucha, ésta ha fungido como tribuna de denuncia donde victimas del terrorismo de Estado han denunciado y roto con el miedo que impone el Estado mediante su política de represión, porque es una necesidad impostergable unir voces y esfuerzos para exigir justicia por nuestros seres queridos.
Sin embargo, donde se han realizado acciones políticas de masas en el marco de esta jornada de lucha, el hostigamiento ha sido permanente; la presencia de policías, militares, agentes del CICEN son la prueba de ello; toman fotografías a los rostros de los compañeros, ésta práctica constituye la antesala de la represión selectiva, mas, el riesgo de cometerse crímenes de lesa humanidad contra nosotros”, finaliza.