El Fraymaco cierra sus puertas tras 2 allanamientos en 3 días

TUXTLA GUTIÉRREZ Chis., 24 de marzo 2026. – El Centro de Derechos Humanos (CDH) Fray Matías de Córdova anunció el cierre temporal de sus oficinas en Tapachula luego de haber sufrido dos allanamientos en un lapso de 72 horas, en los cuales personas desconocidas sustrajeron equipos de trabajo y documentación sensible vinculada a su labor de acompañamiento a personas en situación de movilidad y defensa de los derechos humanos.

El primer hecho ocurrió en la madrugada del viernes 20 de marzo, cuando sujetos no identificados ingresaron a las instalaciones, desactivaron las cámaras de seguridad y se llevaron equipos electrónísticos. Pese a que la organización presentó la denuncia correspondiente y solicitó protección al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el domingo 22 de marzo se registró un segundo allanamiento con características similares.

En un comunicado, el CDH Fray Matías señaló que la repetición de los hechos evidencia una “actuación negligente y evasiva” por parte de las autoridades responsables de garantizar su seguridad. Derivado de las agresiones, los integrantes de la organización manifestaron temor por su integridad personal, lo que motivó la decisión de cerrar temporalmente la sede.

Organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México y la IM-Defensoras, condenaron los hechos y advirtieron que estos buscan intimidar y obstruir una labor que el centro ha realizado de forma ininterrumpida durante 29 años en la frontera sur del país.

“Estas agresiones vulneran gravemente la importante y reconocida labor de defensa de derechos que el CDH Fray Matías ha llevado a cabo, y ponen en alto riesgo la integridad tanto de sus integrantes como de las personas en contexto de movilidad a las que acompañan”, señalaron las organizaciones en un posicionamiento conjunto.

Los colectivos exigieron a las autoridades una investigación inmediata y expedita de los hechos, así como la implementación urgente de medidas de protección que permitan a la organización reanudar sus actividades en condiciones de seguridad.

Asimismo, hicieron un llamado a organizaciones nacionales y a la comunidad internacional a reconocer y respaldar la labor que el centro desarrolla en Chiapas, una de las regiones con mayor flujo migratorio y donde las personas defensoras enfrentan riesgos crecientes.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad estatal o federal se había pronunciado oficialmente sobre los allanamientos ni sobre las medidas de protección solicitadas por el centro.