Detienen en Chiapas a presunto integrante de Lev Tahor por trata de menores para matrimonios forzados

Tuxtla Gutiérrez, Chis.— La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención en Chiapas de Yoel Alter, señalado como integrante de la agrupación Lev Tahor, por su presunta participación en delitos de trata de menores con fines de matrimonio forzado. El acusado, de 36 años y origen rumano, fue extraditado desde Guatemala, donde permanecía privado de la libertad desde enero.

De acuerdo con la FGR, Alter habría intervenido en esquemas de traslado y tráfico de niñas y adolescentes para concertar matrimonios dentro del grupo. La carpeta de investigación quedó a cargo del Ministerio Público federal, que continuará con las indagatorias para acreditar responsabilidades y ubicar a posibles víctimas.

Autoridades guatemaltecas facilitaron la entrega del detenido tras mantenerlo en prisión preventiva durante varios meses, según fuentes oficiales. En México, la FGR precisó que el procedimiento judicial se desarrollará conforme a derecho y bajo el principio de presunción de inocencia, con las garantías procesales correspondientes.

Lev Tahor es una agrupación judía ultraortodoxa que desde hace más de dos décadas ha sido objeto de señalamientos por presuntos abusos contra menores, matrimonios arreglados, negligencia y otras conductas que han activado alertas en sistemas de protección infantil de distintos países. Reportes oficiales y periodísticos documentan que sus integrantes se han desplazado entre Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala y Colombia, en lo que autoridades describen como intentos de evadir investigaciones y órdenes judiciales.

La imputación por trata de menores con fines de matrimonio forzado, de confirmarse, implicaría delitos graves que vulneran derechos humanos y afectan de manera profunda el desarrollo físico, emocional y educativo de niñas y adolescentes. Especialistas subrayan que estas prácticas no solo interrumpen la escolaridad, sino que comprometen la autonomía y el proyecto de vida de las víctimas.

El caso pone a prueba la cooperación entre países para desarticular redes transnacionales que operan en contextos de movilidad y grupos cerrados. También será un indicador de la capacidad del sistema de justicia mexicano para garantizar protección efectiva a las víctimas, incluida atención integral con alojamiento seguro, apoyo psicológico y acceso a educación y servicios de salud.

La FGR adelantó que las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades conforme avance el proceso judicial.