Prohíbe SEP novatadas en normales; en Chiapas van 15 denuncias
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 12 de agosto 2026.-Ser desplazado por la violencia y, además, vivir con la amenaza constante de que un huracán, una sequía o una inundación termine de sepultar lo poco que queda. Esa es la cruel realidad que enfrentan miles de familias en el estado mexicano de Chiapas, donde el éxodo forzado ya no responde a un único motivo, sino a una peligrosa intersección entre la inseguridad y el cambio climático.
Así lo revela el primer diagnóstico nacional elaborado por el Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que sitúa a Chiapas entre las cuatro entidades con mayor acumulación de desplazamientos internos en México. Entre 2020 y 2025, se contabilizaron más de 87.300 afectaciones solo en esta región, lo que representa el 8,4% del total nacional, que supera el millón de casos.
Pero la cifra es solo la punta del iceberg. El estudio advierte de que muchas de estas personas, ya desarraigadas por la violencia, se asientan en zonas de alto riesgo climático sin saberlo. Municipios como Chenalhó y Chalchihuitán, señalados en el informe, concentran altos índices de pobreza y, al mismo tiempo, una exposición extrema a fenómenos hidrometeorológicos como ciclones o inundaciones.
“El desplazamiento no es un hecho puntual. Es un proceso que se cronifica y se agrava cuando el entorno natural se vuelve hostil”, explican los autores del documento. De hecho, el 74,5% de los desplazamientos registrados en el país tienen su origen en fenómenos hidrometeorológicos, mientras que los geológicos suponen un 24,6% y los incendios forestales, un testimonial 0,9%.
El problema, subrayan los expertos, es que quienes ya han huido de sus hogares por motivos de seguridad se enfrentan ahora a un segundo destierro: el provocado por la fuerza de la naturaleza. “Dificulta la recuperación de sus condiciones de vida”, sentencia el diagnóstico, que alerta de un círculo vicioso del que es muy difícil escapar sin políticas integrales.
Ante este panorama, el organismo de la ONU y el Conapo lanzan un llamamiento a las autoridades mexicanas: no basta con atender la violencia ni con mitigar los desastres por separado. El reto es doble y exige respuestas coordinadas y de largo plazo que integren la reducción del riesgo climático, la prevención de la violencia y la protección de las personas desplazadas.
“Uno de los principales obstáculos es la escasez de información que cruce el riesgo climático con la violencia y el desplazamiento”, reconocen los autores. Por eso, este diagnóstico aspira a ser una herramienta para diseñar políticas más precisas, que no dejen a nadie atrás en un estado donde la pobreza, la inseguridad y el clima se han aliado para hacer la vida aún más difícil a quienes ya lo han perdido todo.