Chiapas: 150 mujeres enfrentan violencia política en sus cargos

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 23 Julio 2026.-La paridad de género en los ayuntamientos de Chiapas no ha sido suficiente para garantizar el ejercicio pleno de los cargos públicos. Entre 2020 y mayo de 2026, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) ha documentado 150 expedientes por posibles casos de violencia política contra mujeres en razón de género, revelando una realidad que va más allá de las cifras electorales.

Aunque en las elecciones de 2024 las mujeres lograron hacerse con 67 de los 123 municipios renovados en la entidad —un avance histórico en la representación política—, regidoras, síndicas y otras funcionarias han denunciado que el acceso al poder no siempre se traduce en autonomía para decidir, gestionar o informarse. Los obstáculos, según los testimonios recabados, se manifiestan de manera sutil pero constante: desde la negación de recursos presupuestales para sus áreas hasta la exclusión de mesas de trabajo clave, pasando por la limitación al acceso a documentos oficiales necesarios para desempeñar sus funciones.

El IEPC, organismo encargado de velar por la equidad en la contienda y el ejercicio político, ha señalado que estos expedientes no siempre responden a agresiones explícitas o físicas. En cambio, predominan patrones de violencia simbólica y estructural que buscan deslegitimar la labor de las mujeres o reducir su margen de acción. "Ser electa no es suficiente si después te vacían de atribuciones", comentó una síndica municipal bajo condición de anonimato, quien relató que durante meses no pudo acceder a los informes financieros de su comuna, pese a ser parte del cabildo.

Este fenómeno, que expertas en género califican como "violencia política institucional", ocurre en un contexto donde la presencia femenina en los gobiernos locales nunca había sido tan alta. Sin embargo, el aumento cuantitativo contrasta con la persistencia de prácticas que reproducen roles tradicionales y jerarquías masculinas dentro de los ayuntamientos. Las denuncias apuntan a que, en muchos casos, a las mujeres se les asigna comisiones de menor relevancia o se les excluye de comités estratégicos, lo que limita su incidencia real en la toma de decisiones.

El IEPC ha emitido medidas cautelares y recomendaciones en varios de los expedientes, pero las afectadas coinciden en que los procesos son lentos y que la revictimización durante las investigaciones es un riesgo latente. Organizaciones civiles han exigido que se fortalezcan los mecanismos de sanción y que se capacite a los funcionarios varones en perspectiva de género, pues consideran que la violencia no es un problema aislado, sino una respuesta cultural al avance de las mujeres en la esfera pública.

Chiapas no es un caso único en el país, pero la magnitud de los expedientes abiertos —150 en poco más de seis años— coloca al estado en el centro del debate sobre cómo garantizar que la paridad electoral se convierta en paridad real en el ejercicio del poder. Las funcionarias consultadas insisten en que no buscan privilegios, sino condiciones de igualdad para trabajar: presupuesto, información, voz y voto en las decisiones que afectan a sus comunidades.

Mientras tanto, el IEPC continúa recibiendo quejas y trabajando en la sistematización de los casos, aunque las denunciantes advierten que, sin cambios profundos en la cultura política y en los estatutos internos de los ayuntamientos, los expedientes seguirán acumulándose. La violencia política de género, insisten, no es un tropiezo en el camino, sino un muro que muchas mujeres aún deben derribar para ejercer un cargo que les fue conferido por las urnas.

El reto, dicen, no es solo llegar, sino permanecer y decidir. Y en Chiapas, 150 expedientes dan cuenta de que la lucha por esa segunda parte recién comienza.