Prohíbe SEP novatadas en normales; en Chiapas van 15 denuncias
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis; 29 Julio 2026.-Con mochilas al hombro y listas de nombres en la mano, las integrantes del colectivo Hijos y Madres Buscadoras de Xalapa recorrieron durante varios días los municipios de Tapachula, Tuxtla Chico y Cacahoatán. No iban solas. A su lado caminaron representantes de la Visitaduría General Especializada en Atención de Asuntos de Migrantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, quienes participaron en el pegado de fichas de búsqueda y en labores de observación, sin intervenir en las decisiones del colectivo, pero sin soltarlas de vista.

La presencia del organismo autónomo, por instrucciones de su presidente, Horacio Culebro Borrayas, no fue casual. Se trató de un ejercicio de acompañamiento institucional que buscó, ante todo, dar visibilidad a una crisis que en la frontera sur se vive con particular crudeza: la desaparición de personas. En cada esquina, en cada mercado y en cada paraje rural, las madres pegaron rostros, fechas y señas particulares. Detrás de cada ficha hay una historia, una noche en vela, una llamada que no llega.

Quienes observaron las jornadas coinciden en que el valor de estas mujeres no se mide por los resultados inmediatos, sino por la constancia con la que regresan a los mismos lugares, una y otra vez, frente al silencio de las autoridades y la indiferencia de muchos. La Comisión de Derechos Humanos lo reconoció así: su lucha, anotaron, se ha convertido en una causa de justicia que interpela al Estado y a la sociedad entera.

El recorrido por Tapachula, Tuxtla Chico y Cacahoatán dejó también un mensaje claro para los gobiernos municipal, estatal y federal. Desde el organismo defensor se hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre las distintas instancias, a dotar de recursos y personal especializado a las fiscalías, y a priorizar la sensibilidad frente a las víctimas. No se trata solo de cumplir con plazos procesales, señalaron, sino de entender que cada expediente abierto es una familia que espera, que duele y que exige respuestas.

La desaparición forzada y la ausencia de personas, insistieron, no es un asunto menor ni periférico. Es una herida abierta en el tejido social que requiere acciones concretas, no discursos. Por eso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas subrayó que su papel no termina con estas jornadas. El compromiso, dijeron, es mantener el acompañamiento, vigilar que las investigaciones avancen con perspectiva de derechos humanos y no dejar solas a las familias hasta que cada nombre tenga un destino, y cada madre, una verdad.
