Acusan penalmente de acoso sexual a funcionario chiapaneco

TUXTLA GUTIERREZ, Chis., 8 de octubre de 2016.-El acoso sexual se está convirtiendo en una especie de plaga -contra las mujeres- en los sectores público y privado. Y lo peor es que en muchas ocasiones, debido al influyentismo o dinero de los acosadores, las víctimas pasan de ser acusadoras a acusadas de delitos de «daño moral» por parte de los acosadores.

La Licenciada Martha Angelina Funes Ramírez, quien hasta el 31 de julio del 2016 se desempeñó como Gerente Operativa del Consejo de Cuenca de la Costa de Chiapas, acusó ante la Procuraduría de Justicia e instancias gubernamentales, Congreso y organismos de derechos humanos, al Director del Instituto Estatal del Agua, Andrés Carballo Bustamante por acoso sexual y laboral y violación a sus derechos humanos.

En represalia a esta denuncia, el funcionario que normativamente es su superior jerárquico ordenó acusar penalmente a la ahora ex funcionaria por delitos de “usurpación de funciones” y “daño moral” y dispuso que su equipo de trabajo denunciara mi cuenta en Facebook desde donde se dio a conocer el acoso sexual de que fue objeto la señora Funes Ramírez. Mi cuenta ahora está bloqueada y el contenido fue borrado.

La afectada relató ante Zoila Girón Ruiz, Agente de Atención Inmediata de la Dirección General del Sistema Penal Acusatorio (Unidad Central Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de Tuxtla Gutiérrez) de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas que a principios de julio recibió una llamada telefónica de Carballo Bustamante desde el número 9612335705 quien la citó para una reunión de trabajo.

En una segunda llamada, realizada por el funcionario el 8 de julio le pidió que mejor no se vieran en la oficina, pero la denunciante le dijo que ya estaba en la sede del Instituto Estatal del Agua, ubicada en el primer piso del Palacio de Gobierno y, una vez que terminaron de conversar de trabajo, Carballo Bustamante le pidió que tuviera intimidad con él y le aseguró que si le correspondía le “iría muy bien”. La denunciante optó por retirarse de la oficina tras recibir la advertencia de su superior de que si no aceptaba tener relaciones sexuales su trabajo se vería afectado.

Derivado de lo anterior, el 29 de julio el jefe de departamento de información y gestión del agua, José Luis Orantes Gómez le pidió, a nombre del Director del Instituto, la carta de renuncia y de forma agresiva le quitaron las llaves y la echaron de la oficina por lo que se configura el delito de hostigamiento laboral y sexual, según consta en el Expediente R.A 5327-101-0101-2016 y Número de Oficio 00652/0616/2016 de fecha 20 de Septiembre de este año, y que obra en poder del Fiscal Especializado en Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad.

La denuncia, sin embargo, fue «encarpetada» por lo que fue necesario remitir un documento, por parte de la víctima, a la Fiscal del Ministerio Público Investigador, Lic. Maria Guadalupe Flores Estrada. El tema fue elevado al Fiscal Especializado en Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad y está enterado, aunque no ha hecho nada, el Lic. Juan Oscar Trinidad Palacios, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

También tienen conocimiento del caso el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar y la presidenta del DIF estatal, Leticia Coello de Velasco. Nadie ha hecho nada a la fecha. Otra que tiene conocimiento del tema es Itzel F. De León Villard, Secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las
Mujeres y en la Procuraduría del Trabajo no quisieron atender la denuncia por despido injustificado tras argumentar que no existe una relación obrero-patronal a pesar de que hay fotografías de la víctima en reuniones, pagos, oficios, llamadas telefónicas desde equipos oficiales, etcétera.

Tras un largo peregrinar por Tuxtla Gutiérrez, la víctima viajó por autobús a Tapachula y tuvo la mala suerte de tener como acompañante de asientos al director del Conalep de Tuxtla Chico, quien al ver dormida a la joven mujer introdujo sus dedos en las partes íntimas de la adormilada joven, según denuncia policial de la afectada. Ahora el director del Plantel Tuxtla Chico, #Chiapas, del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), Julio Guadalupe Córdova Midence, que fue detenido por ese hecho en Tapachula pretende denunciar a la joven mujer por daño moral.

La víctima no tiene ningún asesor gratuito por parte de la Procuraduría a pesar que se derecho le corresponde, según el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco se ha hecho nada, por parte de las autoridades, para que reciba el pago que le adeudan y que haya mecanismos alternativos de solución de controversias y más bien ha recibido un trato discriminatorio al ser encarpetado el tema.

Funes Ramírez tiene derecho a que se le repare por el daño causado y a que sea restituido en su cargo y sus derechos una vez que acredite que ha laborado en la institución de la que fue destituida al no aceptar acostarse con su superior.

Ni el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, ni el Procurador de Justicia, Raciel López deben torcer la justicia y más bien deben dejar que se aplique la ley para la protección de las víctimas del delito de acoso.