Acteal pide a la Suprema Corte atraer amparo por desplazamiento forzado en Chiapas

ACTEAL, Chenalhó, Chis a 5 de enero.-Representantes de 12 comunidades indígenas de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, víctimas de desplazamiento forzado interno durante el conflicto armado en Chiapas, se reunieron con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, para solicitar que el máximo tribunal ejerza su facultad de atracción sobre el amparo en revisión 514/2025.

El recurso se encuentra actualmente radicado en el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo con la organización, la atracción del caso por parte del pleno de la Corte permitiría sentar un precedente relevante en materia de derechos humanos, particularmente en lo relativo al desplazamiento forzado interno.

Tras el encuentro, Las Abejas reconocieron la “sensibilidad y el entendimiento profundo” que el ministro presidente mostró frente a las causas y consecuencias del desplazamiento forzado, un fenómeno que —señalaron— continúa afectando a comunidades indígenas de Chiapas desde hace casi tres décadas. Aguilar Ortiz se comprometió a dar seguimiento a la solicitud presentada formalmente el pasado 2 de enero.

En un pronunciamiento público, la organización extendió su petición a las ministras y ministros de la SCJN, entre ellos Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías Guerra, para que el máximo tribunal atraiga el caso y lo analice desde una perspectiva integral de derechos humanos.

Las Abejas, organización indígena tzotzil con sede en Acteal, recordó que su historia reciente está marcada por más de cinco siglos de resistencia y por las consecuencias del conflicto armado de baja intensidad que se desató en Chiapas tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994. En particular, señalaron el impacto del llamado Plan de Campaña Chiapas 94, diseñado por el Estado mexicano para contrarrestar la influencia zapatista.

Según su testimonio, la militarización de la región en 1995 y la promoción de una lógica de confrontación política en las comunidades derivaron en hostigamientos, amenazas, agresiones y desplazamientos forzados contra quienes se negaron a participar en actos de violencia o a alinearse con el entonces partido gobernante, el PRI.

Entre 1997 y 1998, decenas de familias de comunidades como Yaxgemel, Puebla, Los Chorros, Canolal y Acteal fueron obligadas a abandonar sus hogares y establecer campamentos de desplazados. El episodio más grave ocurrió el 22 de diciembre de 1997, cuando un grupo paramilitar atacó el campamento Los Naranjos, en Acteal, asesinando a 45 personas —en su mayoría mujeres, niñas y niños— y dejando al menos 26 heridos, en lo que se conoce como la Masacre de Acteal, actualmente en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Aunque algunas comunidades retornaron a sus lugares de origen en 2001, Las Abejas califican ese proceso como un “retorno sin justicia”, al no existir condiciones de seguridad ni desarme de los grupos paramilitares. A su regreso, encontraron viviendas saqueadas o destruidas, y, aseguran, el daño material y psicológico persiste hasta hoy.

La organización denunció que, sexenio tras sexenio, ha prevalecido un pacto de impunidad que impide el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables, incluidos exfuncionarios de alto nivel. A casi 30 años de los primeros desplazamientos, afirmaron, aún existen personas en Chenalhó que no han podido regresar a sus comunidades.

Desde una postura de no violencia activa, Las Abejas reiteraron su exigencia de verdad, justicia y reparación integral. Aunque han optado por el perdón y la resistencia pacífica, subrayaron que ello no implica olvido ni renuncia a sus derechos.

Finalmente, hicieron un llamado a los tres niveles de gobierno para romper el pacto de impunidad y reconocer el desplazamiento forzado interno como una grave violación a los derechos humanos, así como a las autoridades de procuración de justicia para que actúen en favor de las víctimas y no de intereses políticos.