Prohíbe SEP novatadas en normales; en Chiapas van 15 denuncias
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 22 de junio 2026.-La violencia contra niñas, niños y adolescentes en Chiapas mantiene en vilo a autoridades y organizaciones sociales, especialmente en la región Altos y la zona Istmo-Costa, donde se han documentado más de 200 denuncias por agresiones sexuales y maltrato en los últimos años. Estas áreas se han convertido en puntos críticos, pues el problema no cede pese a las campañas de prevención.
El dato más alarmante es que el 60 por ciento de los casos ocurre dentro del núcleo familiar, perpetrado por personas cercanas al menor. Esta realidad, sumada a la pobreza, la dispersión comunitaria y la falta de servicios accesibles, dificulta la denuncia oportuna y perpetúa ciclos de violencia que muchas veces quedan impunes.
Autoridades estatales admiten que, lejos de reducirse, las incidencias van en aumento. La ausencia de mecanismos eficaces de protección y seguimiento ha colocado a Chiapas entre las entidades con peores indicadores de seguridad infantil en el país.
Frente a este escenario, el Voluntariado de la Fiscalía ha intensificado su labor en las zonas más afectadas, con visitas a escuelas, talleres preventivos, atención psicológica y apoyos alimentarios y becas para las familias, buscando contener el impacto de la violencia y brindar acompañamiento a las víctimas en su vida cotidiana.
Organizaciones defensoras de la infancia en Chiapas han alzado la voz ante la gravedad de la situación. La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias) calificó como "reflejo de la crisis de derechos humanos" el reciente parto de una niña tsotsil de 13 años en San Cristóbal de Las Casas, advirtiendo que los embarazos en menores de 14 años "no puede ni debe normalizarse, pues en su mayoría están vinculados a violencia sexual, uniones forzadas y fecundidad impuesta".
Por su parte, la Colectiva 50 más 1 Chiapas condenó enérgicamente la agresión sexual contra una menor en el municipio de Juárez y denunció que el presunto agresor continúa en libertad, situación que calificaron como "indignante y un reflejo de la impunidad que persiste en casos de violencia contra la niñez". La colectiva exigió a la Fiscalía General del Estado atención inmediata, detención del responsable y acompañamiento psicológico y jurídico para las víctimas, bajo una perspectiva de derechos humanos que evite la revictimización.
La organización Melel Xojobal, que desde hace una década impulsa la acción pública "Muerte Impune", ha documentado 79 muertes de niñas, niños y adolescentes en lo que va del año en Chiapas, incluyendo 10 homicidios y 6 feminicidios. La organización cuestionó la efectividad de la campaña estatal "Cero Impunidad" al señalar que "no se traduce en acciones de justicia reales ni en estrategias que atiendan las causas estructurales de estas muertes". "La impunidad de ayer es la impunidad de hoy; la de los imperios genocidas es la misma que la de los cacicazgos locales", señalaron en su pronunciamiento más reciente.
La Fundación "Granito de Arena", que atiende semanalmente a 135 pacientes víctimas de abuso, ha señalado que la demanda de servicios ha rebasado su capacidad operativa. Su presidenta, Elena del Rosario Torres Villanueva, lamentó que, pese a los años de trabajo, la fundación aún no cuente con un espacio propio ni con subsidios gubernamentales para atender el creciente número de casos.
La crisis exige no solo reacción, sino políticas de fondo que rompan el silencio y protejan a la niñez desde el primer eslabón: el hogar.