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TAPACHULA, Chiapas., 22 de enero de 2015.- Carlos Ovidio Silva Salas, campesino del municipio de Villa Comaltitlán, del ejido Chapingo denunció a la empresa Cementos de México (CEMEX), a la cual le rento una hectárea de terreno para trabajar en la construcción del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), con la cual firmó un contrato, pero dejo de pagarle y dejo almacenado presuntamente aceites hidráulicos para maquinaria pesada, aditivos de cemento y otras clases de contaminantes que ha provocado degradación, esterilización y envenenamiento en sus tierras, al Rió Vado Ancho y la flora y fauna.
El afectado, informó que ya presentó su querella ante el fiscal del ministerio público asentada en elacta administrativa 292/1189/2014, en contra del ingeniero Luis Alberto Rivas, David Cosme y del Gerente de la empresa de Cemex en México, por atentar presuntamente de atentar contra el saneamiento del ambiente y la ecología del estado.
Comentó, que la compañía adeuda dos años de renta, sumando más de 300 mil pesos, por lo que pidió a las autoridades federales, estatales y municipales, actúen y protejan el patrimonio de los pobladores.
Informó que su propiedad está al frente del Centro Federal de Readaptación Social de Villa Comaltitlán, Chiapas (CEFERESO), en la que el ingeniero Luis Alberto Rivas Martínez representante de la Empresa Cemex Concretos S.A de C.V dejo abandonado presuntamente tambos de aceites y químicos desde el pasado 15 de mayo del 2014 a las dos de la tarde.
Agregó, que a pesar de que existe un contrato de arrendamiento, donde se establece que se obliga y se compromete limpia la hectárea de terreno donde trabajo para la construcción del penal ubicado frente a su propiedad.
De igual forma, afirmó que las lluvias que se presentaron contaminaron el rio Vado Ancho, provocando la muerte de cientos de peces y un gran daño a la fauna, aseveró.
El entrevistado, comentó que ahora el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) apoyará a las personas que tengan predios contaminados o causen dañen al ambiente, por ello dijo que se atrevio hacer la denuncia públicamente.
Indicó, que ya acudió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la cual le informó que en unos 15 días enviaran sus documentos a Tuxtla Gutiérrez para iniciar la investigación