En Puebla, van 5 exalcaldes detenidos por distintos delitos

PUEBLA, Pue., 4 de septiembre de 2025.- En Puebla, cinco expresidentes municipales han sido detenidos y sustituidos de sus cargos en los últimos años acusados de delitos que van desde abuso de autoridad hasta homicidio. Sin embargo, de acuerdo a lo recopilado e investigado por Quadratín Puebla en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla, sus procesos penales han tenido desenlaces distintos.

Algunos recuperaron la libertad mediante amparos o acuerdos judiciales, mientras que otros siguen vinculados a proceso y enfrentan medidas cautelares.

Felipe Patjane Martínez, edil de Tehuacán (2018-2019) Detenido en noviembre de 2019 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El exalcalde emanado de Morena fue acusado de uso ilícito de atribuciones y corrupción.

En enero de 2025, obtuvo libertad condicional mediante un acuerdo judicial, sin sentencia definitiva y sin vínculo comprobado con el crimen organizado. José Alejandro Martínez Fuentes, edil de Quecholac (2018-2021) Fue detenido en septiembre de 2021 por abuso de autoridad y encubrimiento, por lo que fue vinculado a proceso en octubre de ese año.

En abril de 2023, un juez anuló la vinculación y ordenó su liberación. Arturo Cajica Gómez, edil de Acatlán de Osorio (2021-2024) En mayo de 2022, fue detenido tras el homicidio del director de Seguridad Pública Municipal y su esposa.

Permaneció en prisión cerca de un año hasta que, en mayo de 2023, obtuvo un amparo que le permitió quedar en libertad. No volvió ha vuelto a ocupar un cargo público. Miguel Ángel Maceda Carrera, edil de Piaxtla (2021-2024) Detenido en julio de 2022, fue acusado de estar implicado en el homicidio de un hombre detenido por policías municipales.

En mayo de 2023, consiguió un amparo y la modificación de medidas cautelares, lo que le permitió solicitar su reincorporación al cargo.

Juan Navarro Rodríguez, edil Chalchicomula de Sesma (2014-2018) El expresidente panista fue arrestado en noviembre de 2022 por ejercicio indebido de funciones y abuso de autoridad. Desde abril de 2023 enfrenta el proceso en prisión domiciliaria, luego de que se le modificaran las medidas cautelares.

En todos los casos, los procesos dejaron a los municipios en la incertidumbre y a la ciudadanía con mayor desconfianza hacia sus autoridades, lo cual -en ocasiones- ha generado un clima de ingobernabilidad.