TELEFONO ROJO/José Ureña

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Blake, Vega y la cochiquera de Gobernación
• La auditoría a Juegos y Sorteos termina el 9
• Creel descalifica sondeos a población abierta

Si el gobierno federal no invoca secrecía, estamos a punto de tener la radiografía de una cochiquera.

Nos sacará de muchas dudas.

Será el fruto de tres meses de investigación solicitada por el secretario de Gobernación, Francisco Blake, al titular de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.

Esta historia comenzó en junio pasado.

Blake pidió informes sobre la corrupción imperante en la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos y los primeros informes lo escandalizaron.

Desistió.

Prefirió ir a fondo y de eso se encargarán los auditores internos del gobierno.

El 9 de junio llegaron, intervinieron esa dirección y desde entonces los funcionarios de Gobernación no intervienen para nada.

La incineración de 52 personas más el nonato en el Casino Royale los sorprendió cuando ya preparaban el informe final y tenían todos los permisos bajo llave.

El documento final deberá estar terminado a más tardar el 9 de octubre.

SIN EFECTOS PARA LOS PERMISIONARIOS

Oficialmente sólo hay 27 permisos legales, pero funcionan 561 establecimientos.

Con esa anomalía comienzan las sospechas.

¿Cómo fue posible a los empresarios abrir cientos de instalaciones con unos cuantos documentos?

A esa falta de controles por parte de la autoridad se suma otra: los dueños pueden buscar socios, cambiar escrituras, ceder acciones, utilizar empresas fantasmas, lavar dinero y muchas otras acciones.

La primera prueba a la vista es precisamente el Casino Royale, cuyo permiso original fue para Rodrigo Aguirre Vizzuet pero, sin escrituras de por medio la misma autoridad lo acredita al prófugo Raúl Rocha Cantú.

O algo peor: Gobernación misma y el subsecretario Juan Marcos Gutiérrez reconocen la existencia de al menos 60 casinos en pleno funcionamiento pero sin permiso formal.

Laxo y omiso, el gobierno carece de control sobre ellos, como lo demostró precisamente el violento acto consumado por Los Zetas tras el incendio al Casino Royale en Monterrey.

La información final será atractiva a todos, pero de antemano hay acotaciones.

La auditoría no va dirigida a permisionarios, sino al desempeño de los funcionarios encargados de atender las solicitudes, investigar la calidad de los solicitantes y el origen del dinero, otorgar los permisos y vigilar su cumplimiento.

Al gobierno de Felipe Calderón le urgen estos datos cuando un ex secretario de Gobernación, el senador Santiago Creel, amenaza con desbordar el proceso interno de Acción Nacional (PAN) rumbo al 2012.

Pero no adelantemos más vísperas; esperemos el informe de Salvador Vega Casillas… si lo hace público.

CREEL: LOS SUFERAGIOS ESTAN EN EL PAN

Todos los partidos viven una guerra de encuestas.

En Acción Nacional (PAN) hay una embestida apabullante contra Santiago Creel en aras de posicionar al delfín Ernesto Cordero, quien sin embargo sigue bastante manso, pero la principal beneficiaria es Josefina Vázquez Mota.

De esa cargada escapó la empresa Ipsos-Bimsa con resultados exactamente contrarios al interés oficial: Cordero cae y Creel sube.

Resultado: el senador con licencia tiene 26 por ciento de las preferencias y la coordinadora de los diputados panistas 23 por ciento.
jPese a ese pequeño margen, Creel asegura tener una ventaja mayor

Los errores de los estudios demoscópicos realizados hasta ahora, asegura, está en hacerlos a población abierta y el candidato del PAN no saldrá de una consulta popular, sino del voto de 1.8 millones de militantes.

Eso lo aprendió en 2005, cuando se fue a una campaña mediática mientras Felipe Calderón enfocaba su esfuerzo hacia los correligionarios.

Creel perdió y Calderón ganó.

Gracias a este trabajo, declaró ayer el legislador, ha sumado liderazgos regionales y ellos le garantizan el triunfo.

Con ese ánimo Creel sigue en campaña, mientras en el gobierno federal hurgan su pasado y su actuación en la Secretaría de Gobernación.