Sin Fronteras hace un llamado al Estado mexicano para hacer efectivos derechos en Ley de Refugiados

México, D.F., 27 de enero de 2011. Sin Fronteras IAP celebra que se haya expedido la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, (“la Ley”) puesto que supone un avance para la protección de los derechos de las personas solicitantes de asilo, refugiadas, beneficiarias de protección complementaria y sus familiares. Asimismo, consideramos que la expedición de dicha Ley constituye un paso importante para garantizar que este colectivo sea tratado como sujeto de derecho y no objeto de la compasión del estado.

Saludamos que la Ley armonice el marco jurídico mexicano con estándares internacionales del derecho internacional de los Refugiados, específicamente, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, de los cuales México es parte.

No obstante, lamentamos que en la Ley no se contemplen de manera adecuada alternativas a la detención de personas solicitantes de asilo, y que no se establezcan de manera clara los principios del debido proceso que orientarán los procedimientos de reconocimiento, cesación y revocación de la condición de refugiado.

Exhortamos al Ejecutivo Federal para que en el Reglamento de la Ley se desarrollen de manera exhaustiva dichos principios y procedimientos, así como que se establezcan de manera adecuada alternativas a la detención de solicitantes de asilo.

Consideramos necesario que la Ley y su Reglamento cuenten con una dotación presupuestaria adecuada y con una coordinación institucional que permita poner en práctica las buenas intenciones contenidas en la Ley. En especial en materia de asistencia institucional, donde el Estado mexicano asuma su obligación, no sólo de promoción sino también de implementación de soluciones duraderas para la integración local de estas personas, con la colaboración de las entidades privadas y públicas que considere.

Finalmente, esperamos un compromiso para un desarrollo ágil y completo de la Ley en su Reglamento y que se establezcan los mecanismos adecuados para hacer efectivos los derechos y obligaciones que en la Ley se establecen.