SENADOR PERREDISTA DEMANDA LIBERAR A INDIGENAS Y ACTIVISTAS

SOLICITA CARLOS SOTELO LIBERAR A 19 INDÍGENAS TZOTZILES Y A ACTIVISTAS SOCIALES EN CHIAPAS

• Denuncia uso arbitrario de órganos de justicia para intimidar a activistas sociales

Mediante la utilización arbitraria de los órganos de procuración de justicia, en el estado de Chiapas se recrudece la persecución y criminalización de líderes sociales y defensores de derechos humanos, denunció el senador del PRD, Carlos Sotelo García, quien pidió exhortar al gobernador de la entidad decrete las medidas necesarias para asegurar que las autoridades o terceras personas dejen de utilizar el poder punitivo para amedrentar a los activistas sociales.

En un punto de acuerdo que presentará en la sesión de hoy, el vicecoordinador parlamentario del PRD aseguró que cada vez más mujeres y hombres son recluidos en cárceles del estado de Chiapas, a quienes se les apresa “sin existir prueba alguna que demuestre su responsabilidad en la comisión de los delitos que se les imputan y cuya detención se relaciona directamente con su actividad para promover y procurar la protección de derechos de campesinos indígenas y para la protección al medio ambiente”.

El legislador colimense planteó exhortar al procurador de Justicia y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas para que revisen la situación jurídica, se acuerde el desistimiento de las acciones penales correspondientes y se decrete la libertad inmediata de 19 indígenas tzotziles originarios de diversas comunidades del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, recluidos en diversos penales de la entidad y dos de ellos en las Islas Marías; así como de Alberto Patishtán Gómez y Fernando Gabriel Montolla Oseguera.

Carlos Sotelo comentó que la reclusión ilegal de 19 indígenas tzotziles ocurrió en octubre 2010, cuando habitantes de distintas localidades de Pueblo Nuevo Solistahuacán se organizaron en las inmediaciones de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, A.C., “para hacer el reclamo legítimo de carreteras, agua potable, alcantarillado, electrificación, vivienda digna y sistemas de financiamiento para la explotación y comercialización de los productos del campo en sus distintas localidades”.

Señaló que lejos de acceder a sus demandas, la respuesta del gobierno estatal fue un gran operativo policiaco y militar en contra de los habitantes del municipio, donde “sin órdenes de aprehensión y con un enorme despliegue de elementos militares y de la policía estatal allanaron las humildes moradas de los líderes sociales como si se tratara de viviendas de grandes narcotraficantes”.

El senador del PRD añadió que en su desesperación ante las injusticias cometidas por el gobierno estatal, familiares e integrantes de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares mantienen desde el 8 de marzo pasado una huelga de hambre frente a la sede del Congreso de Chiapas, para exigir la libertad de sus presos políticos.

Comentó que, incluso, ante la indiferencia e insensibilidad de las autoridades competentes, los huelguistas han iniciado actos extremos de protesta como la sutura de labios de cinco personas y la extracción de sangre de cuatro manifestantes para escribir la palabra libertad; así como la crucifixión de dos indígenas.

Sotelo García comentó que “otro caso emblemático de la represión judicial de líderes sociales en Chipas”, es el del profesor Alberto Patishtán Gómez, quien se encuentra preso desde el 19 de junio del 2000, sentenciado a 60 años de prisión, acusado de la presunta emboscada y asesinato de policías del municipio de El Bosque.

En el contexto de su detención, explicó, Patishtán participaba activamente en la vida política de su municipio, denunciando la corrupción del ayuntamiento y solicitando la destitución del presidente municipal y la creación de un consejo municipal.

Indicó que el enjuiciamiento de Fernando Gabriel Montolla Oseguera también debe situarse en la estrategia de represión e intimidación a líderes sociales para que las comunidades del estado de Chiapas desistan de sus luchas por el control y el disfrute de sus recursos naturales.

Comentó que la actividad de Fernando Gabriel Montolla se centró en la organización de las comunidades indígenas en la defensa de sus recursos naturales y la denuncia de riesgosos proyectos para la Selva Lacandona planeados de manera secreta por grupos de interés y los gobiernos estatal y federal.

El senador aseguró que estos casos son un ejemplo de la forma “cada vez más sistemática y reiterada en que se inician acciones penales sin fundamento en contra activistas sociales en el estado de Chiapas”.