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TAPACHULA, Chis., a 26 de agosto.- Policías estatales rescataron a tres menores de edad, dos de ellas de origen centroamericano, que eran explotadas sexualmente en bares de esta localidad fronteriza con Guatemala.
En un primer operativo que realizaron elementos de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes, en el bar denominado La Chilindrina, ubicado en la calle Javier Mina del municipio de Huehuetán, lograron rescatar a dos mujeres de 14 y 17 años de edad, y detener a Lucia Victoria Ramírez.
En las primeras declaraciones, las jóvenes, una de ellas originaria de Guatemala y la otra mexicana, señalaron que realizaban actividades como meseras sin recibir pago alguno, debiendo laborar de ocho de la mañana a 11 de la noche.
Además de que eran obligadas a consumir cervezas que eran comercializadas en 25 pesos cada una, mientras que casa acto sexual tenía un costo de 150 pesos.
La menor de origen guatemalteco, denunció haber sido enamorada por el hijo de la presunta tratante y luego obligada a trabajar en el bar.
En otra acción, los agentes estatales rescataron a una menor originaria de Honduras de 17 años de edad, quien era explotada sexualmente en el bar Dany, ubicado en la Séptima Avenida Sur Prolongación, de Tapachula.
La joven hondureña acusó a la propietaria del bar Lidia Aracely de explotarla sexual y laboralmente, además de que no le permitía apartarse del lugar sin que fuera acompañada por ella.
En declaraciones ante el Ministerio Público del Estado la menor dijo que meses atrá inició una relación sentimental con el hijo de la dueña del bar, pero luego la obligaron a ejercer la prostitución.
Abundó que por cada acto sexual cobraba entre 500 y mil pesos, de los cuales entregaba un porcentaje al establecimiento, en donde laboraba de 12 del día a 10 de la noche.
En ambos casos se iniciaron averiguaciones previas por el delito de Trata de Personas, y las detenidas serán puestas a disposición del Juez de la causa e ingresadas a prisión, desde donde enfrentarán el proceso en su contra, por el cual de ser culpables podrían obtener una pena de hasta 18 años de cárcel, de acuerdo a la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en Chiapas.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) continúa con las investigaciones para conocer la existencia de otras víctimas y cómplices de este delito.