INDICE POLITICO/Francisco Rodríguez

ÍNDICE POLÍTICO/FRANCISCO RODRÍGUEZ

Indignados, atemorizados, impotentes… La Administración calderónica ha conseguido desmovilizar a la sociedad en la exigencia de su mínimo derecho a sentirse segura. Pero habrá más temor y mayor injerencia pública en nuestras vidas si permitimos que aprueben la versión del Acta Patriótica ”a la mexicana”…

Éste es un país muy atemorizado. En realidad lo ha sido durante toda su existencia porque ha sido muy fácil movilizar a la gente usando al miedo. Pero hay una diferencia significativa entre los regímenes panistas que asustan con “los peligros para México” y otros anteriores, pues lo hasta ahora hecho por los blanquiazules supone una vuelta más de tuerca. ¿La última?

Calderón, con su estúpida guerra en contra de la delincuencia –hay que combatirla, sí, pero con inteligencia–, con sus más de 50 mil muertos y más de 15 mil desaparecidos ha conseguido imponer, además de terror, una sensación de desesperanza.

Cierto, una minoría privilegiada de mexicanos tenemos hoy algunas oportunidades, y un legado incomparable de libertad, de privilegios y una cantidad de gente que nunca antes se había involucrado, comprometido y tomado conciencia. Pero la mayoría piensa que no pueden hacer nada. Están desesperanzados. Se sienten impotentes.

Y esa impotencia, mezclada ahora con resabios de rencor no sólo hacia los delincuentes, sobremanera en contra de los gobiernos incapaces de brindar seguridad a quienes contribuyen a su existencia, permite a estos ineptos blandir ahora el término terrorismo para atemorizarnos aún más, sí, pero también para tomar medidas todavía más represivas en contra de la sociedad.

Ahora que la existencia del “terrorismo” es oficialmente reconocida, ¿tendrá la fallida Administración calderónica facultades para vigilar y espiar organizaciones e individuos bajo cualquier sospecha? ¿Las mal llamadas fuerzas del orden tendrán más poder aún y hasta podrán conducir cateos sin autorización, obtener datos financieros, médicos y personales de cualquier individuo? ¿Cualquier ciudadano podrá ser investigado, los inmigrantes podrán ser detenidos sin causa aparente y por tiempo indeterminado, y más?

Todo indica que sí. En sus dos apariciones publicitarias del viernes más reciente, Calderón machacó sobre la necesidad de que el Congreso apruebe su Ley de Seguridad, copia casi fiel del Acta Patriótica estadounidense que los legisladores le aprobaran –sin enterarse de su contenido– a George W. Bush, tras los “atentados” del 11S.

¿Es la seguridad nacional una excusa para destruir las libertades civiles, las garantías individuales, los derechos humanos? ¿Son necesarias este tipo de leyes, cuando las que existen brindan mecanismos para combatir –sobre todo en lo financiero– a las organizaciones delincuenciales?

En la desesperanza e impotencia, mucha gente dirá que esas cuestiones no le preocupan porque no es terrorista.

Pero el problema es la definición de terrorista, que –ante cada ataque delincuencial, ante cada fracaso de las autoridades para encontrar y castigar a los responsables– se hace cada vez más amplio. Y así, cualquiera, puede convertirse, mínimo, en sospechoso de alguna vez querer sembrar terror.

Y es con esta siembra de más terror que, también, Calderón y los panistas en el poder desde hace ya once años pretenden cubrir sus ineptitudes y corruptelas.

Sólo en el primer semestre de este 2011, Gobernación ha otorgado 6 mil 264 permisos para la realización de sorteos, peleas de gallos, carreras de caballos, ferias y concursos de autofinanciamiento. Birján, de hecho, despacha en Bucareli.
Fueron los panistas quienes, cómplices de jueces y magistrados, otorgaron permisos para instalar casinos, pese a la prohibición legal que data de la era cardenista. Y como “Los Zetas” estos funcionarios blanquiazules también cobran por brindar a esos antros “protección”.

El verdadero terrorismo, así, proviene de una Administración que, como la de Calderón, es fallida, corrupta y manipuladora. Que emplea el llamado terrorismo de Estado, empleando métodos ilegítimos, para inducir el miedo, el temor, entre la sociedad civil.

Hoy ni Calderón ni sus paniaguados –Galván, Maynez, García, Blake, Poiré, et al– podrán desmentir que los resultados son de una lucha perdida, cesión de soberanía, colapso del sistema de justicia y seguridad, corrupción, caída vertiginosa de la inversión, pérdida de empleos, descenso casi mortal en la actividad turística, pueblos y ciudades que se vacían, sometimiento del Ejército al Pentágono, enésimas violaciones a los derechos humanos cometidas por militares…

La incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y la estabilidad se ha convertido en un verdadero acto de terror para las familias y, adempas, en un asunto crucial de política internacional, porque el desorden en los Estados frágiles propaga sus ondas de choque –criminalidad transnacional, terrorismo, migraciones y tráficos ilegales– hasta el corazón de las metrópolis.

Así las cosas, la teoría de los Estados fallidos, concepto polémico, inventado por la inteligencia militar estadunidense para calificar a un Estado “débil, frágil o malogrado”, en el cual el gobierno central tiene poco control sobre su territorio, cobra aquí vigencia. Y eso es lo que provoca más terror.

Ya lo decía Max Weber: en el monopolio de la coacción física, “los países más débiles del mundo no son sólo un peligro para ellos mismos, pueden amenazar el progreso y la estabilidad de otros”.

Abierta la puerta por Calderón, al emplear el término “terrorismo” los marines podrían estar aquí en cualquier momento, so pretexto de amenazas a la seguridad de EU, ¿o no?

El verdadero terrorista es Calderón.

Índice Flamígero: Para quiénes no sabían –o decían no saber– quién es Rodrigo Aguirre Vizzuet, vale la pena se asomen a la Zona Franca de Arnoldo Cuéllar, en donde se lee, entre otras cosas que, “lo que salió a relucir tras la catástrofe humanitaria de Monterrey, la posesión de Rodrigo Aguirre, hijo de Ramón, de una concesión para casino, o de una serie de ellas, aún cuando ya las hayan perdido en el sórdido mundo empresarial en torno a ese giro, tiene su origen precisamente aquí, en Guanajuato y en los hechos que produjeron la pérdida del poder por el PRI.

En efecto, las concesiones para actividades relacionadas con los juegos de azar, fueron una de las muchas indemnizaciones que Ramón Aguirre recibió tras haber tomado “la decisión más difícil de mi vida” y haber dejado colgados a esos mismos priistas a los que hoy quiere dar lecciones, cuando se sometió a las presiones de Carlos Salinas y abdicó de la gubernatura antes de tomar posesión de ella.

Todavía se recuerda en Irapuato al cercano colaborador aguirrista Gustavo Morante, administrando un book de apuestas en esa ciudad, poco después de la debacle política de su patrón. Otra de las prestaciones económicas del tropiezo postelectoral fue la autorización para un banco, hoy felizmente próspero y ajeno a las manos del ex regente de la capital del país y, quizá, precisamente por eso.

Es cierto, la familia Aguirre puede no tener nada que ver en las circunstancias que condujeron al fatal desenlace en el Casino Royale, pero los cadáveres en el armario siempre terminan por salir y en los peores momentos.”

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