FRAYBA INFORMA QUE ACTIVISTA, MARGARITA MARTINEZ SALIO DE CHIAPAS

Gabriela Coutiño

Tuxtla Gutiérrez, México (16 julio 2012).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), informó la salida de la activista Margarita Martínez y de su familia del estado, “ante la ineficacia del gobierno de Chiapas y del gobierno federal para garantizar la vida, la integridad y seguridad de la defensora”.

“Margarita Martínez y su familia, han decidido dejar temporalmente el estado de Chiapas, ya que el riesgo que corre su vida es alto”, indicó el organismo en un comunicado de prensa.

A pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a Margarita Martínez y a su familia, el Estado Mexicano ha sido incapaz de protegerla, denunciaron en un comunicado conjunto, los organismos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chiapas, Consorcio Para el Dialogo de Oaxaca, Fortaleciendo el Poder Colectivo de las Mujeres y Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.

“La defensora y su familia han recibido varias amenazas de muerte, la última de ellas fue el pasado 30 de junio, justo cuando se encontraba en preparación de su participación en el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (el CEDAW), en la sede de las Naciones Unidas en la Ciudad de Nueva York, como parte de una delegación de defensoras de derechos humanos de México”.

La nota enviada hasta su domicilio, en San Cristóbal de las Casas, exigía que dejara de buscar a los policías y otros funcionarios públicos que llevaron a cabo una redada en su casa en noviembre de 2009, además, que si hacia publica la advertencia pasaría a la lista de desaparecidos.

De las medidas de protección que el Gobierno de Chiapas ha implementado a favor de Margarita Martínez, como parte de las medidas cautelares de la CIDH, las Ongs señalaron que han sido deficientes y “no han logrado inhibir las amenazas ni reducir el riesgo, por lo que ella y su familia han decido abandonar esta entidad”.

Amnistía Internacional (AI) también ha tomado conocimiento del caso e intervenido en él.
Martínez fue víctima de una redada policial en su domicilio de Comitán en 2009, fue “un acto de represalia por el trabajo que realiza junto con su esposo Adolfo Guzmán Ordaz, apoyando a comunidades indígenas locales en esa región”.
“En febrero de 2010, Margarita Martínez fue temporalmente secuestrada en represalia por seguir el caso contra los policías que allanaron su casa. Debido a ello la familia se mudó a San Cristóbal de las Casas por seguridad, pero siguieron las amenazas”, denunciaron.