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Exige senadores del PRD protección a jornaleros agrícolas migrantes en México
La Asamblea de la Comisión Permanente aprobó una propuesta del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la que se solicita al Poder Ejecutivo federal fortalecer los programas de atención integral para jornaleros agrícolas migrantes, porque representan al grupo de población más desfavorecido en México.
En la propuesta suscrita por los senadores Rubén Velázquez López, José Luis García Zalvidea y Julio César Aguirre Méndez, se pide a la Secretaría de Seguridad Pública y al Instituto Nacional de Migración realizar una profunda investigación de procedimientos y acciones de abuso de autoridad y de funciones, así como extorsiones cometidas en contra de migrantes jornaleros agrícolas.
Otro de los resolutivos aprobados pide a la Comisión Nacional de Derechos Humanos informar a la Comisión Permanente si se han atendido casos relativos a la situación de los jornaleros agrícolas mexicanos y qué medidas se han implementado para procurar la protección de sus derechos fundamentales.
Los legisladores del PRD hicieron un llamado a tomar conciencia sobre la invisibilidad de la cual son víctimas los jornaleros agrícolas migrantes junto con sus familias, especialmente aquellas personas de origen indígena que se ven en la necesidad de desplazarse de un lugar a otro con la finalidad de encontrar la oferta laboral que no es posible hallar en sus lugares de origen.
Expusieron que en México existen unas 405 mil familias en constante movilidad, desplazándose en busca de oportunidades laborales. De acuerdo con cifras presentadas en el informe Migrantes Somos y en el Camino Andamos, se estima que 3.5 millones de personas son migrantes internos, de los cuales, la mayoría es de origen indígena.
Explicaron que los jornaleros agrícolas en su mayoría salen de las montañas del sur de México, de los estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz para alquilar su fuerza de trabajo en los campos agrícolas del norte del país ubicados principalmente en los estados de Sinaloa, Nayarit, Sonora, Baja California, entre otros.
Este sector además no cuenta con contratos, ni regulaciones que lo respalden laboralmente, no tiene acceso a servicios médicos, viviendas dignas, sistema de pensiones y de seguridad social. Incluso, los trayectos y las condiciones en las que se desplaza son en extremo peligrosas, un ejemplo de ello son las pésimas condiciones en las que se encuentran los autobuses que los trasladan, lamentaron.