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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Por años, Chiapas fue considerado un paraíso para la trata de personas. Cientos fueron los agraviados, principalmente menores de edad de origen centroamericano.
Sin embargo, hoy la realidad es muy diferente, existe una Ley especial para combatir este delito, así como una comisión interinstitucional y un protocolo para atender a sus víctimas.
Por encima de las palabras, los hechos.
Actualmente, Chiapas cuenta con seis sentencias condenatorias en contra de tratantes de personas, la última de ellas en contra de Ricardo Pinto López a quien le fue impuesta una pena ejemplar de 27 años de prisión.
Ante la lacerante realidad que aún se vive en otros lugares, la entidad se ha convertido en punta de lanza de un programa eficaz e integral en materia de prevención y combate frontal a este flagelo.
El éxito, de acuerdo a expertos en la materia, se debe al compromiso de las autoridades de los tres de órdenes de Gobierno, pero sobre todo, de la sociedad civil.
Como muestra de ello, en julio de este año durante la Sesión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional para la Prevención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas, desarrollada en Tapachula, los miembros de la Asociación de Establecimientos de Entretenimiento de esta ciudad se sumaron a la Campaña Corazón Azul.
Propietarios de cantinas, bares, restaurantes y centros nocturnos, se comprometieron a no contratar a ningún menor de edad en sus establecimientos, por el contrario, impulsan medidas que permiten inhibir la comisión de este delito.
En este sentido, el pasado 24 de junio dio inicio una ambiciosa campaña denominada Chiapas con el corazón azul contra la trata de personas, que reunió a instituciones gubernamentales, sectores empresariales, académicos, estudiantes, amas de casa, jóvenes y niños de todas las regiones del estado.
En ese marco, se llevó a cabo una intensa difusión en medios impresos, electrónicos y redes sociales para concientizar a la población de las consecuencias de la trata de personas, cómo y dónde denunciar, y se puso en marcha el Foro El delito y la trata, una adicción.
Aunado al trabajo preventivo, que contempla pláticas, foros y talleres en municipios de Chiapas – inclusive en comunidades alejadas -, el Gobierno de Chiapas lleva operativos permanentes para lograr la detección de víctimas de este delito y la detención de los presuntos responsables.
Los datos señalan que a partir de la creación de la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Chiapas aprobada en el 2009 por el Congreso local a propuesta del Ejecutivo del Estado han sido rescatadas 108 víctimas en la modalidad de explotación sexual o laboral.
Como resultado del trabajo profesional de las Fiscalías de Distrito, Especiales y Especializadas de la Procuraduría General de Justicia, actualmente 38 procesos penales se encuentran en etapa de instrucción.
Mientras que a la fecha, la PGJE ha ganado seis sentencias condenatorias en contra de tratantes de personas.
1.- 08 de febrero de 2011. En cumplimiento a la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Chiapas, el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Tapachula sentenció a Lilian Elizabeth Aguilar a una pena de 13 años seis meses de prisión y una multa de mil 125 días de salario mínimo.
2.- 06 de mayo de 2011. El seis de mayo pasado, la Procuraduría estatal logró la segunda sentencia condenatoria en la historia de la entidad, luego de que el Juez de la causa sentenciara a Álvaro Enrique Ullóa Ramos a una pena de 15 años de prisión y multa de mil 750 días de salario mínimo.
3.- 03 de junio de 2011. El Juez Penal del Distrito Judicial de Acapetahua, en la causa penal 31/2011, dictó sentencia condenatoria en contra de Miriam Elizabeth Cañas Escalante por Trata de Personas y Corrupción de menores, imponiéndosele la pena de 15 años de prisión y mil 750 días de salario mínimo de multa.
4.- 23 de junio de 2011. Dentro de la causa 151/2011, el Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula impuso una pena de 39 años de prisión a Alfredo Mendoza Molina por los delitos de Trata de Personas, Privación Ilegal de la Libertad en su modalidad de plagio o secuestro y Lesiones Agravado.
Este sujeto fue detenido el 17 de marzo del 2011, a raíz de la denuncia de una menor de tan sólo 15 años, quien era explotada sexualmente y durante más de siete meses permaneció encadenada al interior de un domicilio ubicado en la colonia El Rosario en Ciudad Hidalgo.
5.- 11 de agosto de 2011. El Juez Primero del Distrito Judicial de Tapachula dictó sentencia a Ruth Teresa García Salas, imponiéndole una pena de 11 años de prisión por el delito de Trata de Personas. Además, una multa de mil 125 días de salario mínimo.
6.- 09 de septiembre de 2011. El Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Motozintla dictó sentencia condenatoria en contra de Ricardo Pinto López por el delito de Trata de Personas, en agravio de tres menores de edad, dos de ellas originarias de Honduras, por lo que le fue impuesta una pena de 27 años de prisión y multa de 121 mil pesos.
El propietario del bar El Titanic, ubicado en la comunidad Chamic, municipio de Frontera Comalapa, contrató a las menores a quienes obligó a consumir bebidas alcohólicas y ejercer la prostitución con los clientes del lugar.
Aunado a las seis sentencias condenatorias del orden local, en Chiapas se dictó la primera sentencia del ámbito federal en toda la República Mexicana.
A partir de 2008, en el estado se creó la primera Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes, instancia que actualmente cuenta con agencias del Ministerio Público especializadas en los municipios de Tapachula, Arriaga, Huixtla, Comitán y Palenque.
Por otra parte, en agosto de este año, la Procuraduría General de Justicia del Estado emitió el Protocolo de Asistencia a las Víctimas y Testigos de Trata de Personas, documento que cuenta con el respaldo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, organismo mundial de las Naciones Unidas.
Con lo que se garantiza a las víctimas, atención integral especializada en materia psicológica, victimológica, médica y jurídica, en estricto respeto de sus derechos humanos, con la finalidad de evitar su revictimización.
Asimismo, en las últimas semanas la PGJE llevó a cabo exitosos operativos en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Cintalapa, Arriaga, Tonalá, Huixtla, Pijijiapan, Frontera Comalapa, Tuxtla Chico y Palenque.
De esta forma, en las últimas horas el Juez de la causa dictó auto de formal prisión por la probable comisión del delito de Trata de Personas en contra de la propietaria y la administradora del bar Tía Mary, así como de José Antonio Roblero Hernández, quien fuera señalado de enganchar a menores de edad a través de internet, para luego obligarlas a prostituirse.
La Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes, detuvo a José Antonio Roblero Hernández luego de haber sido señalado de manejar una red de prostitución por internet enganchando a menores de edad.
Gracias a una denuncia anónima, las autoridades lograron la detención del inculpado, quien minutos antes había ofrecido a un sujeto los servicios sexuales de menores de edad.
Estos hechos, son una muestra más del compromiso real de sociedad y gobierno, lo que coloca a Chiapas a la vanguardia en materia de seguridad y procuración de justicia a nivel nacional.