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Tuxtla Chico, Chis.- Campesinos de la Ampliación del Ejido Vicente Guerrero del Municipio de Tuxtla Chico, exigen al Tribunal Agrario y gobierno del Estado ejecute la orden de desalojo que existe sobre tierras de cultivo que les fueron dotadas bajo sentencia y que desde el 2004 les debieron entregarles, señalan que extrañamente se han cumplido los plazos y no hay solución, por lo anunciaron que si no es por la autoridad será por fuerza propia que se posesión en de lo que les corresponde, que no esperen que corra sangre para hacer las cosas sentenciaron.-
En rueda de prensa Saúl Aguilar Bermúdez, Presidente del Comité Particular Ejecutivo de la Primera Ampliación del Ejido Vicente Guerrero, señaló que el próximo 5 de diciembre es la fecha para que se ejecute el desalojo, por lo que esperan que en esa ocasión el gobierno del estado cumpla con la prestación de la fuerza publica para cumplir con el mandato de desalojo.
Señala que la sentencia refiere que la Ampliación del ejido debería entregar 86 hectáreas a este grupo que lo integran 54 jefes de familia, sin embargo esos terrenos los tienen en posesión personas del Ejido Vicente Guerrero que se posesionaron de ellos y que dicen ser los dueños, otra parte es donde está el poblado y otra parte esta en posesión de gente de la OPEZ que invadió predios.
La sentencia a favor de este grupo se dio en mayo del 2004 fecha en que debieron darles posesión sin embargo ni la Secretaria de la Reforma Agraria, ni el Tribunal unitario Agrario con sede en Tapachula han sido capaces de cumplir con el mandato pues no cuentan con el apoyo de la fuerza publica.
Los campesinos señalaron que se han cansado de hacer las gestiones una y otra vez y que no se cumpla con la determinación legal, por lo que indicaron o se cumple o que las mismas autoridades busquen alternativas pero ellos ya no están dispuestos a seguir esperando, han esperado pacientemente pero hoy están dispuestos a recuperar lo que ellos aseguran les pertenecen aunque en esta acción pudiera haber derramamiento de sangre.
Tenemos los documentos señaló Aguilar Bermúdez de la sentencia, la autoridad ha fallado y por consecuencia, acusaron que además hay gente de la OPEZ que tiene invadido predios y que ha amenazado para ya no continúen con su gestión y exigencia de entrega de lo que les corresponde.
Por otra parte Otón Fernando Álvarez Salazar, propietario del Predio San Ramón de 75 hectáreas y que fue invadido y después adquirido por la OPEZ a través de un Fideicomiso de un millón 600 mil pesos, pero que a la hora de pagarlo solo le dieron 915 mil pesos con el compromiso que el resto sería recuperado a través de proyectos productivos que nunca llegaron y que hoy en lugar de pagarle lo amenazan los lideres de invasores.
Señala que busca que se cumpla el pago del terreno que ocupan personas de la OPEZ y que a través de Enrique Pérez y Efraín Morales se comprometieron a pagar.