Visión financiera/Georgina Howard

 Evidencia científica antes de impuestos a bebidas con edulcorantes

Especialistas en salud y regulación alimentaria advirtieron que cualquier iniciativa fiscal sobre bebidas con edulcorantes bajos o sin calorías debe sustentarse en evidencia científica y no en percepciones o presiones políticas.

En la reunion realizada este miércoles participaron el doctor Hugo Laviada, endocrinólogo e investigador especializado en diabetes y metabolismo; Ana Marcela Rodríguez, directora de Temas Científicos y Regulatorios de la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de Alimentos y Bebidas (ALAIAB); Laura Miranda, coordinadora regional para América Latina de la Asociación Internacional de Edulcorantes (ISA). 

Los expertos coincidieron en que los edulcorantes bajos o sin calorías, avalados por organismos como la OMS, la FAO y la FDA, son seguros cuando se consumen dentro de los límites establecidos, y han demostrado ser herramientas útiles para reducir el consumo de azúcar y calorías en la dieta.

Laviada señaló que gravar los productos con edulcorantes “podría enviar un mensaje confuso a la población, que los percibiría como dañinos pese a que la evidencia científica disponible no lo sustenta”. 

Por su parte, Miranda subrayó que un nuevo impuesto “afectaría la innovación en productos con menor contenido calórico, justo cuando la política pública debería incentivar alternativas más saludables”.

Rodríguez agregó que, más que impuestos, se requieren campañas de educación nutricional, políticas basadas en datos y diálogo técnico entre industria, autoridades y comunidad científica para diseñar regulaciones proporcionales y efectivas.

Por su parte, Laura Miranda, coordinadora regional para América Latina de la Asociación Internacional de Edulcorantes (ISA), advirtió que las decisiones fiscales deben sustentarse en evidencia científica y considerar su impacto económico. 

“Si los legisladores quieren construir políticas públicas efectivas, deben hacerlo con base en la ciencia, no en suposiciones. Un impuesto a las bebidas con edulcorantes no solo afectaría al consumidor final, sino que podría trasladar costos a toda la cadena de valor: fabricantes, proveedores y sectores agrícolas que dependen de estas formulaciones. Las políticas de salud deben equilibrar el rigor científico con la realidad económica del país”, señaló.

El encuentro se dio en un contexto en el que el Congreso analiza posibles ajustes fiscales a bebidas con edulcorantes, como parte de un paquete de medidas para combatir la obesidad y recaudar recursos adicionales. Los especialistas insistieron en que las decisiones deben ser equilibradas y respaldadas por evidencia científica robusta.

*** Auditor al banquillo 

TOME NOTA *** La reciente acusación contra Luis David Fernández Araya, ex subsecretario de Control y Auditoría del Gobierno del Estado de México, cargo de Delfina Gómez, no surge de rumores, sino de un documento formal entregado a cinco instancias distintas, entre ellas la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Raquel Buenrostro y la Fiscalía General de la República que lleva Alejandro Gertz Manero. 

La denuncia fechada hace un par de días plantea señalamientos graves: presunto ejercicio abusivo de funciones, tentativa de extorsión y ejercicio ilegal de la profesión. De confirmarse, no se trataría de un exceso aislado, sino de un uso deliberado de estructuras públicas diseñadas para vigilar y controlar la corrupción, a favor de intereses personales. 

Fernández Araya, quien ocupó un cargo estratégico en la supervisión de recursos públicos y procesos de contratación, habría manipulado su posición para obtener beneficios indebidos. A ello se suma la denuncia sobre un presunto uso fraudulento de credenciales académicas, lo que agrava el cuadro de simulación institucional. 

El expediente, que ya llegó a Palacio Nacional, pone a prueba la coherencia de un discurso oficial que prometió “cero tolerancia” a la corrupción. Si no hay una investigación transparente y efectiva, no solo se encubrirá un posible delito: se mandará el mensaje de que quienes vigilan también pueden corromperse sin consecuencias.