Visión financiera/Georgina Howard

Por Georgina Howard 

¿Y La contaminación del aire para cuándo, Samuel?

Una vez más, la contaminación del aire en Monterrey vuelve a poner en evidencia las carencias estructurales del sistema de monitoreo ambiental y, sobre todo, la indiferencia de las autoridades frente a un problema que pone en riesgo la salud de millones. 

El reciente reporte del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (Sinaica) confirma lo que ya muchos habitantes intuían por experiencia propia: zonas como San Bernabé y Apodaca registran niveles peligrosos de partículas finas PM2.5, un contaminante silencioso pero letal. Y mientras eso ocurre, la estación de Pesquería permanece ciega ante este tipo de amenazas.

Las partículas PM2.5, que penetran sin obstáculos hasta los pulmones y el sistema circulatorio, han sido vinculadas científicamente con enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cáncer y trastornos metabólicos. 

En este contexto, no se trata simplemente de un problema técnico o administrativo, sino de una emergencia sanitaria silenciosa. La falta de información completa y confiable en tiempo real impide a la población protegerse de un aire que enferma y, en el largo plazo, mata.

El sistema estatal de monitoreo ambiental debería complementar al federal, pero también presenta fallas. La ciudadanía recibe reportes que oscilan entre calidad del aire “aceptable” o “buena”, cuando en realidad pueden estar respirando partículas nocivas sin saberlo. 

El desfase entre lo que muestran los datos oficiales y la realidad en la calle refleja no solo una crisis tecnológica, sino una preocupante falta de voluntad política para enfrentar el problema con seriedad.

Y aquí es donde el gobernador Samuel García no puede seguir eludiendo responsabilidades. El adeudo de 500 mil pesos que su administración mantiene desde hace 17 meses con el proveedor de refacciones para las estaciones de monitoreo no es un simple descuido: es una decisión política con consecuencias sanitarias. 

¿Cómo puede un gobierno que presume modernización y sostenibilidad justificar semejante negligencia, sabiendo que hay una sola empresa autorizada para suministrar estos insumos y que su falta impide mantener operativa la red de vigilancia?

Lo más grave es que los recursos han sido solicitados desde junio por el OCCAMM y otras organizaciones civiles, sin obtener una respuesta efectiva. Mientras tanto, el riesgo aumenta cada día para quienes viven cerca de zonas industriales o de alto tráfico, como lo demuestra la creciente presencia de contaminantes. Si no se prioriza esta agenda, el daño será irreversible y, lo que es peor, prevenible.

El gobernador Samuel García debe asumir su papel como garante de la salud pública. No basta con discursos sobre el futuro verde si en el presente se deja de invertir en lo más básico: saber qué respiramos. Monterrey no puede seguir siendo rehén de la contaminación ni de la desidia. La ciudadanía merece un sistema de monitoreo funcional, transparente y, sobre todo, comprometido con su bienestar.

*** Thriller financiero

La persecución a financieras mexicanas podría tener más capítulos, cortesía de la familia Herrejón. Y es que Óscar y su hijo Manuel trabajaron durante más de diez años en CIBanco, ahora señalado por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), bajo la dirección de Andrea Gacki, por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero ligadas al crimen organizado.

 La historia del padre terminó con escándalo tras exigir una indemnización de casi 400 millones de pesos, enfrentó cargos por violación y fraude procesal que derivaron en su captura en Italia y posterior extradición a México, gracias a una ficha de Interpol.

Mientras tanto, Manuel Herrejón no perdió el tiempo. Tras salir de CIBanco, trasladó buena parte de su cartera de clientes a Masari Casa de Bolsa, dirigida por Ernesto López Quezada. Sin embargo, la CNBV presidida por Jesús de la Fuente Rodríguez, frenó su intento de transformar Masari en banco al descubrir que una de las empresas capitalizadoras, Canario Montgomery Burns, estaba bajo su control. 

A esto se suma su cercanía con el dirigente priista Alejandro “Alito” Moreno y el hecho de que clientes vinculados a él ya habían generado reportes de actividad sospechosa. Todo apunta a que el caso cruzará fronteras, en Estados Unidos, Dino Sani, corresponsal de Masari en el Bank of New York Mellon, podría recibir pronto un aviso desde Washington que ponga en jaque la operación de la firma.

*** Arca Continental reporta ventas 

El segundo trimestre de 2025 presentó un desafío importante para Arca Continental, segunda embotelladora más grande de Coca-Cola, que preside Jorge Humberto Santos Reyna y dirige Arturo Gutiérrez Hernández. Aunque los ingresos netos escalaron a 63 427 mdp, un 8 % más respecto al mismo periodo de 2024, y el EBITDA creció un 8.1 % hasta 13 155 mdp, la compañía experimentó una caída del 2.7 % en su volumen de ventas. 

Al interior de la empresa, la estrategia es afianzar la rentabilidad mediante acciones tácticas en precio, empaque y ejecución en punto de venta, mientras se impulsa inversión relevante en infraestructura, como los 50 mdp destinados en su CEDI en Chihuahua, además de otros proyectos, para expandir su capacidad productiva y logística, con más de 50 mdp en un solo centro.

 Ahora bien, el gran reto de la segunda mitad del año será revertir la caída de volumen sin renunciar al control financiero; una labor que exigirá disciplina de precios, innovación y la optimización del portafolio hacia productos de mayor valor agregado.

*** Sigue sin dar cuentas

TOME NOTA *** Están a punto de cumplirse dos meses de que Alejandro Martínez Araiza, líder del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), no da a conocer el monto y el uso del patrimonio de esa agrupación, calculado en 500 millones de pesos por los trabajadores, que le fue exigido por las autoridades mediante un escrito oficial.

El 19 de mayo pasado, después de la asamblea anual del gremio, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, entidad autónoma sectorizada a la Secretaría del Trabajo, envió un oficio al SNAC para informarle que, por ley, debía dar a conocer el patrimonio sindical, integrado mayormente por las cuotas de 18 mil trabajadores, lo cual hasta el momento no ha ocurrido,