Visión financiera

Por Georgina Howard 

Riesgo de que sean simulado referendos públicos para determinar reordenamiento 

 Las empresas que usan espacios públicos, como las inmobiliarias, de televisión por cable y restaurantes, que colocan mesas en las banquetas, y otras, están atentas de las nuevas acciones que emprendan autoridades del gobierno capitalino en este rubro.

Desde luego que los funcionarios del gobierno central y de las 16 alcaldías cuentan con normas para evitar que empresas se apoderen de los espacios públicos ilegalmente, pero se espera que surjan nuevas directrices con el nuevo Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México (PGDU), cuya elaboración va para largo y puede concluirse hasta fines de 2025.

El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México (IPDP), cuya titular es Patricia Ramírez Kuri, tiene como funciones formular el Plan General de Desarrollo de la CDMX (PGD) y el PGDU y dar seguimiento a su ejecución, pero hay un grave problema para ello.

Para la elaboración de estos instrumentos técnicos se tienen que realizar consultas entre los ciudadanos para que ellos expresen cual es el modelo de ciudad que desean para los próximos años, pero no hay presupuesto para llevar a cabo dichos referendos.

Con ello, se corre el riesgo de que dichas consultas sean simuladas y en ellas participen incluso empleados del gobierno capitalino, que se hagan pasar por ciudadanos, alertó la diputada Olivia Garza de los Santos, presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo de la Cámara de Diputados de la CDMX.

Informó que el presupuesto del IPDP para 2025 es de 56 millones 704 mil 681 pesos, que representan un incremento de 4 por ciento aproximadamente, respecto a los 54 millones 501 mil 500 pesos del año pasado, con lo cual sólo se restituyó el deterioro causado por la inflación.

Sin embargo, la totalidad de los recursos están etiquetados para nómina y funciones afines, pero no para foros y consultas, de tal manera que no se sabe cómo se realizarán estos, ya que no existe un presupuesto específico ni siquiera para que se dé a conocer a la población cuando se llevarían a cabo.

La diputada del PAN indicó que su partido votó a favor de la designación de Ramírez Kuri, el pasado 1 de abril, porqué tiene el perfil más técnico para cumplir con los objetivos del IPDP y espera que mantenga la postura autónoma del Instituto y ella guarde una sana distancia respecto al gobierno capitalino, sin afiliación partidista.

En el pasado, se cayeron los foros y consultas en barrios y pueblos para saber cual es el modelo de ciudad que desean los capitalinos, lo cual incluso provocó la renuncia de Pablo Benlluire, como titular del IPDP, en febrero de 2023.

*** Apuesta ejecutivo a competencia económica en México

Morena, a través del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de su bancada en el Congreso, espera la iniciativa del Ejecutivo Federal en materia de competencia económica, que busca hacer a los mercados más justos y equitativos, y es de alto interés para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Para el fundador de El Barzón y cercano a la Presidenta, la reforma representa un avance hacia una economía competitiva e incluyente, objetivo que requiere la colaboración de todos los poderes del Estado.

El legislador destaca un dato alarmante: la falta de competencia genera sobrecostos que equivalen al 15.7% del gasto total de los hogares. Este impacto afecta con mayor dureza a los más pobres, donde el decil de menores ingresos pierde cuatro veces más que el más rico, y en estados como Chiapas o Guerrero la pérdida de bienestar supera en 47% a la del noroeste. Estas cifras evidencian que fortalecer la competencia no solo impulsa la economía, sino que constituye un acto de justicia social para proteger a consumidores y a las micro, pequeñas y medianas empresas frente a actores dominantes.

Ramírez Cuéllar argumenta que la iniciativa se alinea con el artículo 28 de la Constitución, que otorga a una autoridad independiente la facultad de supervisar la libre concurrencia y establecer regulaciones asimétricas para agentes preponderantes. Esta autoridad, un organismo descentralizado con autonomía técnica, cumple con los estándares del TMEC, que exige independencia en las decisiones regulatorias (Art. 18.17 y 21.1) y el cumplir con estos compromisos internacionales no solo fortalece las relaciones con socios comerciales, sino que empodera a los ciudadanos frente a prácticas como precios excesivos o restricciones en servicios básicos.

La reforma propone herramientas concretas para modernizar el marco legal. Entre ellas, destacan sanciones más severas a conductas anticompetitivas, investigaciones más rápidas contra prácticas monopólicas, mayor vigilancia en concentraciones económicas y medidas contra abusos como precios excesivos, inspiradas en estándares de la Unión Europea. Estas acciones buscan cerrar espacios a prácticas que hoy quedan impunes, especialmente en sectores de alta concentración, y garantizar certeza jurídica tanto a consumidores como a empresas.

Según la reforma planteada, la competencia no debe entenderse como un tecnicismo, sino como un instrumento para lograr precios justos y más opciones para las familias. En un país donde las desigualdades persisten, la iniciativa podría convertirse en un pilar para reducir las brechas económicas. Fortalecer la independencia de las autoridades de competencia, como lo exige el TMEC, resulta clave para que el mercado beneficie a la mayoría y no a unos pocos actores dominantes.

México enfrenta un momento crucial para transformar su sistema económico, no se puede permitir que unos cuantos controlen los mercados mientras millones enfrentan barreras de acceso. Esta iniciativa, representa un marco jurídico robusto y alineado a estándares internacionales, tiene el potencial de consolidar una economía más equitativa, donde el bienestar de las familias y el desarrollo de las Mipymes sean prioridad.

*** Alertas en compras de IMSS SLP

La encargada del IMSS en San Luis Potosí, Angélica Cristina Rodríguez, habría de pedir ayuda a Zóe Robledo para lograr el manejo adecuado de los recursos, no solo porque los derechohabientes ya han alzado la voz para dar a conocer la falta de insumos en la entidad; también porque los malos manejos se habrían hecho presentes en la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la mano del supervisor de Proyectos E2, Miguel Ángel Lara, quien presionaría a los proveedores, especialmente a los de medicamentos, para obtener “cochupo”. 

En los pasillos del Instituto aseguran que el funcionario se les acercaría con el ofrecimiento de colocarlos como ganadores de los concursos, a cambio de cuantiosas sumas, escenario en el que se encontraría la adquisición de hasta 2,100 cartuchos bajo el número LA-50-GYR-050GYR023-T-55-2025, pues Lara Hernández habría movido los hilos necesarios para amedrentar a los licitantes y llevarse la mayor tajada.

 La empresa victoriosa será dada a conocer este 24 de abril, después de aplazarse el fallo. ¿Intervendrá Raquel Buenrostro en la Secretaría Anticorrupción para garantizar el cumplimiento del marco legal?

*** ¿INIFED en malos pasos?

TOME NOTA *** En el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), donde manda Francisco Javier Cabiedes, el encargado de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Jaime Hernández Cancino, parece andar en malos pasos, pues entre los proveedores de limpieza se afirma que el funcionario habría asegurado la victoria de Racso Proyectos Industriales, debido a posibles amiguismos. 

Tal como se observa en las actas del concurso por invitación restringida IA-11-MDE-011MDE001-N-2-2025, la ganadora de un acuerdo por más de 3.4 millones de pesos se enfrentaba a otras tres participantes, sin embargo, cada una de ellas quedó descalificada ante supuestos incumplimientos, lo que llevó a Racso a resultar elegida para el aseo de oficinas durante 10 meses, sin importar que su propuesta era la más onerosa.

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