Itinerario político
Control financiero en banca de desarrollo
La arquitectura financiera y administrativa del Estado mexicano descansa sobre contrapesos institucionales diseñados para proteger los recursos públicos frente a riesgos operativos, incumplimientos contractuales y posibles conflictos de interés. En ese entramado regulatorio, la coordinación entre las instancias de fiscalización interna, las entidades de fomento y la política interior resulta determinante para evitar que contingencias privadas se transfieran al erario.
El seguimiento anunciado durante la conferencia matutina del lunes por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informe sobre el crédito de Servicios Broxel ante Bancomext, dirigido por Carlos Torres Rosas, ejemplifica la activación de estos mecanismos preventivos.
Lejos de limitarse a una vocería política, la funcionaria articula la transparencia y rendición de cuentas en expedientes interinstitucionales; al turnar el caso a la dependencia de Raquel Buenrostro, el Ejecutivo reafirma que la banca de desarrollo debe subordinarse al escrutinio técnico y normativo frente a alertas sobre solvencia e historial contractual.
El origen de este escrutinio radica en el oficio 223/DGPCMC/352/2026, emitido el 10 de noviembre por Buen Gobierno, documento que declaró inviable autorizar a Servicios Broxel, propiedad de Gustavo Gutiérrez Galindo, una línea de crédito por hasta 4 mil 200 millones de pesos. De acuerdo con el órgano fiscalizador, tras ganar una licitación consolidada en 2025 para distribuir vales electrónicos de despensa, la empresa formalizó contratos con más de 150 instituciones públicas bajo condiciones distintas a las ofertadas originalmente.
Esta alteración generó cobros excedentes de los cuales la compañía aún adeuda 29.4 millones de pesos en perjuicio de 39 entes de la Administración Pública Federal.
El diagnóstico de riesgo crediticio subraya una doble vulnerabilidad: la alta dependencia de Broxel respecto a presupuestos públicos —con contratos máximos en 2025 por 9 mil 751 millones de pesos federales y 3 mil 591 millones en la CDMX, flujo que quedaría comprometido ante una eventual inhabilitación bajo la Ley de Adquisiciones— y las inconsistencias en la cartera por 32 mil 296 millones presentada ante Bancomext.
Al auditar dicho listado contra Compras MX, solo la licitación consolidada de Hacienda (LA-06-400-006400001-N-19-2025, topada en 9 mil 751 millones tras descuentos) y dos fallos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (por 12.4 y 15.9 millones) tienen respaldo documental, mientras que carecen de sustento los 6 mil 602 millones proyectados en tarjetas de combustible para Hacienda y los 3 mil 686 millones atribuidos al gobierno capitalino, además de que los 3 mil 749 millones reportados en vales de papel de la Ciudad de México difieren en importe y objeto respecto a la licitación de fin de año ganada por hasta 4 mil 43 millones.
El expediente incorpora también variables críticas de gobernanza corporativa y de redes de influencia que exigen máxima vigilancia regulatoria. Por una parte, el oficio advierte un posible conflicto de interés por consanguinidad entre el representante legal de Broxel, Karlo Gerardo Siliceo Valdespino, y el titular de la Unidad de Inversiones de Hacienda, Miguel Sergio Siliceo Valdespino, quien anteriormente ocupó una dirección general adjunta en Bancomext y mantiene una licencia sin goce de sueldo en esa institución; a ello se suma que fuentes del Congreso de la Unión señalan al actual senador Alejandro Murat como un actor central en la expansión comercial y obtención de contratos de la empresa en entidades como Oaxaca, el Estado de México y el Infonavit.
El caso Broxel demuestra que la supervisión preventiva del Estado mexicano constituye una salvaguarda indispensable para la integridad de las compras públicas y la estabilidad de la banca de desarrollo. La articulación entre Gobernación y la Secretaría Anticorrupción no solo busca esclarecer un trámite financiero específico, sino sentar un precedente técnico: ningún intermediario estatal debe asumir riesgos crediticios sustentados en proyecciones comerciales sin respaldo en Compras MX, ni pasar por alto adeudos al erario o vínculos que comprometan la imparcialidad institucional.
*** Piratas por consolidar Veracruz
El regreso del futbol profesional a Veracruz, hoy al mando de Rocío Nahle, encontró en Piratas, de Carlos Vives, una respuesta favorable de la afición y un proyecto que logró competir por los primeros puestos desde su temporada de estreno.
El equipo concluyó su participación en el Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX en semifinales, luego de empatar frente a Atlético La Paz y quedar eliminado por su posición en la clasificación general. Pese a no llegar a la final, el club alcanzó ese resultado en apenas cinco meses y recuperó el interés de miles de seguidores.
La campaña marcó el retorno del futbol profesional a la entidad después de ocho años sin actividad. Piratas logró clasificarse por primera vez a la liguilla, avanzar más allá de los cuartos de final y ubicarse entre los cuatro mejores equipos del certamen. El recorrido también devolvió al estadio Pirata Fuente un papel central en la actividad deportiva de Veracruz.
La organización encabezada por José Carlos Vives Gómez tendrá ahora la tarea de fortalecer su estructura deportiva y mantener la competitividad. De esta manera, el club cierra su primera participación en la Liga de Expansión con una eliminación, pero también con el respaldo de una afición que volvió a identificarse con sus colores.
*** Puente comercial Shenzhen y Hermosillo
El liderazgo de Sonora en transición energética exige una mirada global, y el reciente posicionamiento de Lorenia Valles coloca el tema en el centro del debate público. A propósito de la gira de Claudia Sheinbaum por Shenzhen para la cumbre de la APEC, la dirigente sonorense destaca cómo las inversiones y la cooperación técnica del bloque Asia-Pacífico impactan en la economía local.
El impulso del goberndor Alfonso Durazo mediante el Plan Sonora, materializado en la planta solar de Puerto Peñasco y el sector de semiconductores, encuentra en este foro un escaparate natural. La Coordinadora de Morena en la entidad enfatiza que la intervención de la Presidenta como oradora principal ante el Consejo Asesor de Negocios y sus reuniones con líderes de Australia, Vietnam y Estados Unidos potencian el alcance del Plan México y Sonora en los principales ejes comerciales del mundo.
*** SAT debe investigar uso y destino de 600mdp del líder del SNAC
TOME NOTA *** Trabajadores del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), piden al gobierno de Claudia Sheinbaum su intervención para que investigue el destino de 600 millones de pesos, producto de las cuotas sindicales, y los recursos obtenidos por la venta del patrimonio inmobiliario de los sindicalizados por parte del dirigente espurio Alejandro Martínez Araiza.
"Queremos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), investigue y sancione al líder sindical Alejandro Martínez Araiza por el saqueo y la malversación del patrimonio de los trabajadores, tanto las cuotas sindicales como los recursos obtenidos por la venta del edificio del sindicato", demandaron.
Los trabajadores del SNAC calcularon que durante el tiempo que Martínez Araiza ha estado al frente del sindicato, junto con su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), han dilapidado 600 millones de pesos, a pesar de la exigencia del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que rinda cuentas a los trabajadores. Por ello, explican, el SAT debe intervenir la administración sindical.
Miembros del Congreso del Trabajo consideraron que en el mundo sindical la malversación de cuotas de los trabajadores del SNAC es el caso más emblemático de corrupción y de falta de transparencia en lo que se refiere a desfalco de fondos en un sindicato del país y no debe quedar en la impunidad, por lo que urgieron al gobierno federal a actuar de manera inmediata para aplicar la ley con todo rigor.
Explicaron que desde 2019, cuando tomó posesión como secretario general del SNAC, Martínez Araiza no rinde cuentas del uso del patrimonio sindical y, al lado de los integrantes del CEN, de ese sindicato, operan como una verdadera pandilla de criminales que saquearon los recursos de los trabajadores.




